La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico.

“No nos apresuremos, ni nos dejemos arropar en iniciar procesos cuando no hemos cerrado o llevado a cabo otros que son impostergables. No podemos olvidar que no fue casual que la Estrategia Nacional de Desarrollo estableciera como orden de prioridad el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico antes del Pacto Fiscal, ya que sin resolver el problema financiero eléctrico es muy difícil llegar a decisiones fiscales certeras”, dijo Campos De Moya, presidente de AIRD.

Agregó que en los actuales momentos, los diferentes sectores de la sociedad dominicana deben centrarse en la discusión y toma de decisiones sobre temas prioritarios sobre los cuales previamente se debe llegar a conclusiones satisfactorias para el país y no adentrarnos en el debate del Pacto Fiscal antes de terminarlos.

El presidente de la AIRD dijo que el Pacto Eléctrico se encuentra en su fase final y en el mismo podría llegarse a acuerdos que conducirían a una reducción significativa del gasto del Gobierno.

“El sector empresarial ha sostenido, y así lo hemos acordado con las autoridades, que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico que nos conduzca a una reforma del sector eléctrico consensuada que permita la eliminación o reducción sustancial en el sector eléctrico y que, por lo tanto, reduzca significativamente el déficit fiscal”, dijo el presidente de la Asociación de Industrias de RD.

Igualmente recordó que a partir del 16 de agosto próximo la ciudadanía y los diferentes sectores de la sociedad deberán centrar su atención en garantizar la transparencia y el cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la República Dominicana, como son la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, la designación de los miembros de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, así como conformación del Consejo Nacional de la Magistratura que deberá a su vez elegir a los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral y un juez de la Suprema Corte de Justicia.

De Moya consideró, además, que el Pacto Fiscal establecido la Ley 01-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) no debe interpretarse como una reforma para simplemente hablar de impuestos, pues es el propio Art. 36 de la ley que establece que “el Pacto Fiscal implicará que en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a: i) reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria.