Colombia.- El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, pidió que se empiece a trabajar en medidas para ayudar a esta ciudad colombiana después de que se supere la crisis en la frontera con Venezuela, de donde han llegado en las últimas semanas centenares de deportados y personas que han retornado por su cuenta.

“Hay que trabajar por Cúcuta en la postcrisis”, declaró a Efe Ramírez, quien este sábado recibió en esta ciudad de la frontera con Venezuela al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Miles de personas han llegado a Cúcuta, capital de departamento de Norte de Santander (noreste), después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hace más de dos semanas el cierre del paso entre esta ciudad y Ureña y San Cristóbal, en el vecino país, como parte de una estrategia contra el contrabando y supuestos paramilitares.

“Ahorita el problema lo tenemos solucionado, pero cuántas personas van a quedar en Cúcuta sin trabajar. Eso es lo más importante”, agregó el alcalde.

A su juicio, existe “una guerra silenciosa” de Venezuela “contra los pobres colombianos que ellos llevaron para allá”, muchos de os cuales fuero atraídos en la década pasada por la promesa de mejor vida y un documento venezolano para que votaran por el entonces presidente Hugo Chávez.

“Cuando usted saca a la gente corriendo, hay una guerra síquica; cuando usted le tumba los ranchos a la gente, un tractor se convierte en un elemento de guerra.

Un tractor que tumba decenas de casas es como un cohete que tumba una casa”, agregó. Ramírez denunció que muchos de los colombianos deportados de Venezuela o que abandonaron ese país para evitar correr la misma suerte habían recibido una “cédula chavista».

“Toda esta gente tenía cédula de ‘chavista’. Ahora se la están quitando porque ya no los necesitan”, aseguró. Al referirse al gobernante venezolano, contra quien aseguró haber instaurado una denuncia penal en la Corte Penal Internacional (CPI), indicó que le pediría a esa instancia “un análisis siquiátrico para verificar” si Maduro “no es un interdicto mental y si puede o no seguir gobernando Venezuela de la manera como lo está haciendo».

Señaló como un hecho “inédito” la deportación masiva de colombianos y aseguró que en el pedido de medidas cautelares que formuló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó que se permita la reunificación de las familias separadas por esa medida.

Además que se permita que 1.512 niños que viven en territorio venezolano y que estudian en Colombia puedan cruzar el punto fronterizo cerrado -lo que se inició el viernes pasado al activarse un “corredor humanitario” solicitado por Colombia-, que se les permita a los afectados recoger sus pertenencias y que facilite el tránsito a quienes trabajan del otro lado de la frontera.

Sobre las denuncias venezolanas de contrabando y paramilitarismo en la frontera, Ramírez señaló que durante sus tres años y medio de gestión han sido detenidos “más de mil miembros” de bandas criminales o “bacrim”, como son llamadas en Colombia las mafias formadas por antiguos combatientes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sicarios de los carteles de las drogas.

“Los hemos detenido, claro que sí, pero yo pregunto cuántos integrantes en el pasado paramilitares, en el pasado guerrilla, en el pasado bandas criminales, los hemos perseguido en caliente y se nos pasan la frontera y van y descansan al otro lado, en Venezuela”, dijo.

El alcalde añadió- “Fueron ellos (autoridades venezolanas) los mismos gestores de esos hechos porque mientras nosotros perseguíamos, ellos los dejaban descansar allá».

En cuanto al contrabando, principalmente de gasolina, denunció que es un delito liderado por bandas criminales y en el que también están involucradas autoridades venezolanas. “La Guardia Nacional de Venezuela está metida en esto”, sentencio.