La Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA) propone la creación de una Dirección General de Ejecuciones, como parte de los órganos de apoyo operativo del Consejo del Poder Judicial y con la cual se busca mejorar la calidad de su servicio y retomar la confianza.

Asimismo, sugiere la creación de una “Dirección Nacional de Alguaciles”, con la finalidad de optimizar los servicios ofertados por estos, el fortalecimiento institucional y la calidad de vida de los ministeriales.

Esta nueva unidad tendrá como objetivo principal dirigir, supervisar y administrar el ejercicio de los alguaciles, asumiendo el control de la incorporación, formación, asignación, traslado, sanción y su separación.

Las propuestas están contenidas en el anteproyecto de ley creado por ADA, que contempla que el alguacil debe registrar el mismo día cada uno de los actos que realice, a través de un departamento de registro, el cual deberá custodiar la copia original de cada acto, así como administrar el registro del domicilio judicial.

El anteproyecto también establece la creación de un departamento de Inspectoría para investigar cada denuncia en contra de la actuación del alguacil, realizar investigaciones de control para garantizar la eficiencia de los servicios y las aplicaciones de seguridad, así como supervisar que cada alguacil cumpla con las normativas y procedimientos establecidos.

Además, plantea la creación de un departamento de Fuerza Pública, para gestionarla en caso que sea requerida y administrar el personal militar y policial que esté a disposición de la dirección. Esa unidad fungiría como enlace entre el jefe de la Policía, los jefes de estado mayor o cualquier dependencia militar, con el director nacional de alguaciles.

Salarios. La ADA propone un salario mínimo mensual de 50,000 pesos como salario base, al denunciar que su salario promedio es de 13,300, mientras los choferes de los jueces reciben 24,650 pesos.

Asimismo, se sugiere que el Consejo del Poder Judicial establecerá las tarifas asignadas para cada tipo de actos que los alguaciles realicen.

Financiamiento. En la referida propuesta de ley se establece que la Dirección de Ejecuciones sea beneficiaria del 50% de las multas impuestas por los tribunales. Un 25% sería para el Ministerio Público y el restante 25%, para la institución que persiga la infracción que generó la multa.

Sanciones. El anteproyecto también establece sanciones que van desde prisión, multa e inhibición para ejercer cargo público por cinco años, a aquellos alguaciles que hayan cometido perjurio en cualquier certificación.

Actualmente la ADA tiene registrados 1,605 alguaciles en todo el país, de los cuales el 45% se encuentra en el Gran Santo Domingo.

La entidad entiende que es necesario crear un órgano regulador que administre recursos humanos, económicos y procedimentales que genere un estado de confianza en el ejercicio del alguacil; de ahí, la necesidad de crear una ley.

ZOOM

Autonomía
La dirección tendrá autonomía presupuestaria y administrativa, dispondrá de los recursos que le asigne el Poder Judicial y de los que recaude por sus servicios, los cuales quedarán exentos de todo impuesto y en caso de que pagare algún monto exento, la Dirección de Impuestos Internos o dependencia que lo cobre deberá retornarlo en un plazo no mayor de 90 días y de no ser así, se podrá solicitar el cobro forzoso en cualquier juzgado de paz y la sentencia no podrá ser suspendida por ningún otro recurso.