San Juan
EFE
Cientos de personas se manifestaron ayer en San Juan contra el rescate de Puerto Rico recién aprobado por Washington, mientras otros sectores celebran que esta medida se haya autorizado antes de que esta medianoche la isla incurra en el que será su mayor impago de deuda hasta el momento.
“Ahora los puertorriqueños vamos a poder reestructurar nuestra deuda, de manera que nuestros hijos y nietos paguen menos. Los líderes (de los dos principales partidos) estábamos trabajando juntos para que esto se aprobara”, dijo hoy el gobernador Alejandro García Padilla.
El mandatario lamentó que la población se esté centrando en la junta federal de control fiscal que impone el proyecto de Ley conocido como “Promesa” que acaba de ser firmada por el presidente Barack Obama. En ese sentido, apuntó que lo más importante de “Promesa” es que establece un marco legal para que durante unos meses los bonistas no puedan demandar a Puerto Rico, y el Gobierno tenga así margen para tratar de renegociar el 100 % de su deuda, que asciende a 70.000 millones de dólares.
Hoy llegan vencimientos por cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son Obligaciones Generales (GO’s), cuyo pago está garantizado por la Constitución de la isla.
El Gobierno, contra el que ya se han presentando varias demandas por los tres impagos menores de deuda en los que ha incurrido hasta ahora, ya ha adelantado que no tiene dinero para pagar esos 2,000 millones, aunque sopesa abonar parte de los intereses. El Gobierno no ha aclarado qué porción dejará sin pagar, pero sí acaba de aprobar varias órdenes ejecutivas para decretar la suspensión del pago de las GO’s y las obligaciones de otras entidades públicas.
Críticas por Junta Fiscal
Aunque tanto García Padilla, como el líder de la oposición, Pedro Pierluisi, estaban a favor de “Promesa”, el proyecto ha sido fuertemente criticado por amplios sectores de la sociedad, que están en contra del sometimiento del Gobierno a una junta federal de control fiscal.
La imposición de esa junta ha generado además una crisis política, porque supone la constatación de la falta de autonomía del Gobierno de Puerto Rico, que interpreta este requisito como un gesto colonial contrario al presupuesto de autogobierno incluido en el estatus de Estado Libre Asociado cuando este se diseñó hace ya seis décadas. Para la influyente Asociación de Industriales, “Promesa” está dirigida a “usurpar los poderes del Gobierno de Puerto Rico”.
Incluso para Héctor Ferrer, candidato del partido gobernante a representar a la isla en Washington como comisionado residente, «‘Promesa’ es un error histórico, que borra una historia de luchas y derechos del pueblo puertorriqueño». “El proyecto fue aprobado bajo unas premisas equivocadas y el precio a pagar no es comparable con los poderes ilimitados a la junta de control fiscal”, defendió ayer.
Desde el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Amárilis Pagán dijo que «‘Promesa’ privilegia a los inversores buitres sobre los ciudadanos y representa amenaza para los sectores. Cientos de opositores a la Junta se manifestaron ayer en actos organizados en distintos puntos.