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Los temores se fundamentan en la pobre austeridad del Gobierno y la tradición de desbordamiento de gastos en tiempos de campaña.
En los sectores empresariales, profesionales y políticos predomina un sentimiento cruzado de aliento porque el acuerdo con el FMI reactivaría la economía, y de temor a que sólo aplace la crisis y genere nuevas cargas por el alto endeudamiento
La inminencia de la aprobación del nuevo acuerdo entre el gobierno dominicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) genera un sentimiento cruzado de aliento porque permitiría al país salir de la recesión y del temor a que sólo sirva para aplazar la crisis económica y generar nuevas cargas por el alto endeudamiento que conlleva.
Los temores se fundamentan en la pobre austeridad del gobierno y la tradición de desbordamiento del gasto en las campañas electorales, dándose por hecho que tras las elecciones de mayo próximo se impondrá una nueva reforma tributaria, alzas de tasas de interés y presiones inflacionarias.
Un FMI muy generoso
Cuando se conocieron los términos del acuerdo negociado por el equipo económico del gobierno con una misión del FMI la reacción generalizada entre economistas, políticos, empresarios y periodistas fue de sorpresa. El documento no contiene las condicionalidades a que acostumbraba el organismo internacional, como ajustes fiscales y control de déficits, apenas con una leve promesa de que los gastos del Gobierno Central en sueldos y salarios se reducirán gradualmente luego de alcanzar el 4 por ciento del PIB en el 2009, mientras que el gasto actual en bienes y servicios permanecerá estable como porcentaje del PIB.
De lo que se trata es de expandir libremente el gasto gubernamental. El FMI ha suspendido provisionalmente su papel de guardián de la estabilidad fiscal en aras del pago de las deudas para convertirse en un incentivador del gasto mediante el endeudamiento, como forma de incentivar el consumo y contribuir a que los países desarrollados, que son sus propietarios, salgan de la recesión económica.
Economistas como Carlos Despradel, Isidoro Santana y Apolinar Veloz han advertido que el cambio de política partió de la reunión de Abril del Grupo de los Países Desarrollados (G-20) que decidió un conjunto de medidas para afrontar la crisis económica que entonces estaba en pleno apogeo. Se acordó proporcionar al FMI y al Banco Mundial abundantes recursos para que presten a manos abiertas. Después se verá qué hacer para que los endeudados paguen, pero mientras tanto lo fundamental es que importen bienes y servicios del mundo desarrollado.
Al gobierno dominicano le costó mucho tiempo entender las nuevas pautas del FMI, en parte porque había quedado preso de un discurso tan optimista que despreciaba la posibilidad de auxiliarse de ese organismo y porque quería tener las manos libres para gastar de cara a las elecciones legislativas y municipales del 2010.
La recesión es grave
El gobierno abandonó su discurso optimista y el mismo acuerdo que el directorio del FMI aprobará en las próximas horas estima el crecimiento económico dominicano entre 0.5 y 1.5 por ciento en el 2009, aún contando con los recursos financieros que de inmediato empezará a recibir el país. Lo peor no es que los ingresos fiscales se hayan reducido en 11 por ciento, es que es consecuencia de la caída del consumo nacional, de las exportaciones, del turismo, de las remesas, de la inversión extranjera y del financiamiento internacional.
En sectores empresariales el grito va en aumento a causa de la recesión, los del sector turístico lo manejan con discreción, pero entre los industriales nacionales y de zona franca ya no se ocultan los temores y reportan fuerte incremento del desempleo, que se oculta en la cada vez mayor falta de transparencia en la gestión gubernamental.
La tibia oposición política, una entregada al gobierno y la otra dispersa y entretenida en confrontaciones internas, ha contribuido a ocultar la realidad económica, ayudando al gobierno a sobrellevar la crisis, aunque esta semana el Partido Revolucionario Dominicano sacó tiempo para entregar una extensa Posición ante el Acuerdo Stand by con el FMI, en la que presenta graves indicadores de crisis y culpabiliza la política gubernamental.
El PRD sostiene que el financiamiento avalado por el FMI llevará la deuda pública a 20 mil 318 millones de dólares, equivalentes al 44 por ciento del PIB y al 319 por ciento de los ingresos tributarios estimados para el 2010. Expresa temores de que el nuevo financiamiento sea gastado con objetivos electorales, por lo que propone que se exija al gobierno integrar una Comisión de Seguimiento y Supervisión del Uso de los Recursos Externos e Internos que se recibirán en los próximos 14 meses y que ascenderán a US$3,850 millones.
Satisfacción y temores
Entre los empresarios y los economistas ha habido satisfacción por la decisión del gobierno de pactar con el FMI, lo que ellos habían reclamado desde que se registró el grave déficit fiscal derivado del desbordamiento del gasto en la campaña electoral del 2008. Expresan la esperanza de que los 5,400 millones de dólares que canaliza el acuerdo para lo que resta de este año y el 2010, contribuyan a una reactivación importante de la economía nacional. En tanto sectores sociales agrupados en el Foro Ciudadano reclaman una inversión social de calidad.
Pero al mismo tiempo, los diversos sectores expresan temores de que esos recursos no sean invertidos en forma que se reproduzcan y generen rentabilidad para afrontar la carga de la deuda que representan. Una serie de pronunciamientos de líderes empresariales han advertido sobre la necesidad de invertir adecuadamente ese financiamiento.
El domingo 25 de octubre el presidente de la Asociación de Industrias, Manuel Díez Cabral, sostuvo que la deuda del Estado podría alcanzar pronto 24 ó 25 mil millones de dólares, cercana al 50 por ciento del PIB, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica. Agregó que no ve voluntad política para variar el desgastado modelo económico dominicano.
Al día siguiente el empresario Pepín Corripio expresó sus temores de que el financiamiento que canaliza el FMI sólo sirva para aplazar la crisis económica nacional, especialmente si no se invierten en renglones reproductivos.
El día 28 el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Alejando Peña Prieto, remachó la crítica al fuerte endeudamiento, afirmando que pronto aumentará a un nivel muy superior al promedio histórico, y pidió invertirlo para desarrollar el capital humano, fortalecer el sistema de salud y generar más y mejores empleos.
Por su parte el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, no ocultó su preocupación sobre el uso que dará el gobierno a los más de 5 mil millones de dólares, indicando que se requiere prudencia en el gasto, que deben ser orientados a fomentar los sectores productivos de forma tal que aumente el empleo y tengan un efecto multiplicador sobre la economía.
Pronto habrá que pagar
El Banco Central informó el miércoles que el acuerdo con el FMI será aprobado mañana lunes y que al día siguiente estarán disponibles los primeros 300 millones de dólares. El jueves el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, firmó un acuerdo con el representante local del Banco interamericano de Desarrollo, Manuel Labrado, para canalizar 500 millones de dólares, 300 millones de inmediato y el resto el año próximo.
En círculos políticos y profesionales se habla de la suerte del presidente Leonel Fernández que recibirá un baño de dólares que le permitirá recorrer todo el país anunciando inversiones y gastos que tendrán repercusión en los resultados de los comicios a celebrarse en seis meses.
Pero los economistas advierten que aunque el pacto con el FMI no preconiza una reforma tributaria, la deja implícita al anunciar un esfuerzo gradual de consolidación fiscal a mediano plazo (comenzando a mediados de 2010), es decir después de las elecciones. Se plantea apoyar la consolidación fiscal y mejorar la administración tributaria, lo que se lograría por medio de mejorar la legislación relativa a los gravámenes sobre hidrocarburos, así como la racionalización de las exenciones e incentivos fiscales. En el punto 12 el pacto entra en detalles como que el gobierno va a revisar todas las legislaciones que incluyan exenciones tributarias con el fin de eliminar esos esquemas que no satisfacen el objetivo de la legislación.
No sólo habrá que recaudar más para pagar la deuda, sino que la supresión de exenciones podría llegar a los productos básicos hasta ahora liberados del itebis y a la reducción de incentivos, lo que con una previsible alza de las tasas de interés y presiones inflacionarias afectarían seriamente a sectores productivos y a la población en general.
Desde luego, en todos los sectores se teme que el fuerte chorro de financiamiento dispare aún más la malversación en obras y compras sin planificación ni concursos y la corrupción gubernamental. La cada vez menor vigencia de mecanismos de control y la pobreza opositora no garantizan suficiente contención.
