Conseguir un alquiler a un precio razonable en Nueva York es una tarea casi imposible, pero más aún para inmigrantes sin papeles o musulmanes, víctimas de codiciosos propietarios que se aprovechan del clima político para discriminarlos y desalojarlos. La alcaldía de Nueva York, una de las ciudades más diversas del mundo con un 40% de la población nacida en el extranjero y cerca de medio millón de indocumentados, dice que las denuncias por discriminación subieron 60% en 2016, una tendencia que continúa este año y que busca combatir. Una de las últimas víctimas es Zoyla Martínez, una exniñera colombiana de 82 años que llegó a Queens hace más de tres décadas. Hace unas semanas recibió una carta del propietario de su edificio de Corona, Queens, pidiéndole que muestre pruebas de su estatus migratorio en Estados Unidos como la «green card» (permiso de residencia) o un visado en su pasaporte, si quiere renovar su contrato de alquiler.
«No tengo miedo» «El dueño ha mandado unas cartas pidiendo la identidad a todos los inquilinos, y eso es ilegal, él no es la policía migratoria», contó Martínez a la AFP el miércoles, tras participar en una jornada de información a la comunidad con representantes de la alcaldía en una bulliciosa plaza de Jackson Heights, Queens, donde colombianos, ecuatorianos y mexicanos se mezclan con indios, bangladesíes y pakistaníes. «Estoy preocupada, y mucho, pero no tengo miedo. El síndico me acosa. Cada vez que le pido que arreglen algo me pregunta si he pagado el alquiler. Y el propietario me quiere desalojar porque yo tengo un alquiler estabilizado», explicó Martínez, que no dice si tiene los papeles. Este sistema que se aplica a cerca de un millón de apartamentos de Nueva York protege a los inquilinos de aumentos exorbitantes. Si el inquilino se va o el propietario logra desalojarlo, el alquiler puede subir 20%.
Pero de lo contrario, el alza no puede superar 1-2% al año. Martínez, una mujer pequeña de gran personalidad que camina con bastón, paga 1.061 dólares por mes por su apartamento de un dormitorio donde vive hace 10 años. Según sus cálculos, el propietario podría alquilarlo por unos 3.000 si la echa. Pero la alcaldía del demócrata Bill de Blasio decidió ayudarla. Notificó al propietario que estaba violando la ley y le advirtió que si repite la ofensa puede recibir una multa de hasta 250.000 dólares.
Inmigrantes pobres desplazados. «Vemos un aumento en los casos de discriminación de inquilinos y de represalias» contra los que toman acciones, dijo Hollis Pfitsch, funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos de la alcaldía, tras repartir folletos informativos a la salida del metro en Jackson Heights.
«Debemos proteger a los más vulnerables, especialmente a la comunidad inmigrante que ha sufrido la retórica xenófoba en el pasado año», sostuvo en referencia al duro discurso antiinmigración del presidente Donald Trump contra latinos y musulmanes.
La alcaldía investiga actualmente 291 casos de discriminación por estatus migratorio y origen nacional -89 de ellos relacionados con la vivienda-, casi el doble de los registrados en 2013-2014. «Nueva York fue un gran lugar para llegar y comenzar.