Cuando no existe un gobierno local y un sistema institucional sólidos, la globalización capitalista produce un tipo de anomia social sumamente perniciosa y el bien común se pierde de vista. Los conflictos entre clases sociales tienden a cambiar el sistema de dominación y el de propiedad privada. Los conflictos individuales y de pequeños grupos no cambian estructuras sociales ni eliminan el sistema de inequidad, corrupción e impunidad. Por el contrario, profundizan el caos y la anomia, destruyendo relaciones familiares y otras formas de capital social. En estas circunstancias se corre el riesgo de una implosión social, es decir, un derrumbamiento del sistema conductual y valórico, y del orden y la seguridad públicos.
En nuestro país hay un cierto predominio de la mentalidad de clase media provincial, debido al poco desarrollo del capitalismo industrial y agrícola, y por el acceso relativamente alto de nuestras gentes a la comunicación y al consumo de bienes masivos globalizados (y el contacto migratorio con otros países). Esa mentalidad de clase media urbana, cuasi-urbana relativamente rural, mantiene valores cristianos fundamentales en torno a la familia, la patria y las relaciones interpersonales. Constituyendo un substrato capaz de movilizarnos hacia mejores estadios de decencia y bienestar colectivo; obviamente, tras desarmar el sistema de corrupción e impunidad existente. Ante la situación actual se presentan diversas alternativas. Una de ellas, acaso la peor, es la de que el sector gobernante se empeñe en desconocer las demandas crecientes de la población, y se resista a todo tipo de encausamiento de los procesos de ventilación de las muchas y variadas acusaciones de corrupción cuyas evidencias se presentan a diario.
En cuyo caso, los gobernantes podrían conducir a una implosión social, acompañada de una desesperanza crónica letal con un pronóstico de desastre moral y psicológico masivo, y un desorden público impensable, en donde la vida de nadie estaría segura. Una segunda alternativa, sería la de que los sectores que protestan se unifiquen y logren perfilar un liderazgo que arrinconase al sector gobernante, acaso alimentado por las disidencias en el partido oficial, y den paso a nuevas fuerzas políticas y a un nuevo orden político en el país, y al posible aniquilamiento del partido de gobierno. Lo cual sería un proceso largo y costoso, con muchas y grandes dificultades para todos, especialmente por la carencia de liderazgos en el país.
Otra alternativa podría ser que el propio sector gobernante se releve a sí mismo, apoyándose en la popularidad reportada del presidente, mediante un proceso absolutamente serio y creíble de mea culpa, en el cual se entreguen determinados actores culposos, se realice una auto reingeniería del gobierno, y se motorice un rediseño del sistema jurídico político, incluyéndose la ley de partidos, las altas cortes, cámaras legislativas, poder municipal, entre otras instancias. Para lo cual necesitaría la colaboración de un segmento sano y confiable de la sociedad civil, en un acuerdo, por lo menos tácito, pero bajo absoluta credibilidad. Sería, con mucho, preferible a una implosión social. La inacción oficial podría resultar desastrosa para gobernantes y gobernados.