El procurador general de Análisis de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República, Wilson Marte, consideró que la comunicación telefónica en las cárceles no es cuestión de normativa, sino de recursos y que si se otorgaran los fondos para la instalación de los bloqueadores de señales, no habría necesidad de crear ninguna ley.

Dijo ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que estudia un proyecto de ley que establece el bloqueo de señales de celulares en los centros penitenciarios, que existe un decreto, pero que no ha podido aplicarse.

Asimismo, Ismael Paniagua, coordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, informó que recibió una propuesta de técnicos extranjeros interesados en instalar gratuitamente aparatos telefónicos, mediante los cuales las autoridades penitenciarias mantendrían el control de las conversaciones que realicen los reclusos.