“Todos somos iguales ante la ley”, reza la antigua ortodoxia jurídica de derechos humanos instalada en la Constitución Dominicana. Pero diariamente ocurren múltiples casos que desmienten el espíritu equitativo de tal predicamento con decisiones que afectan la libertad de determinados ciudadanos, de quienes puede afirmarse enfáticamente que son, paradójicamente, discriminados por la Justicia.
Las muestras más recientes recaen en los ciudadanos Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, acusados junto a otras doce figuras políticas, legislativas y empresariales de gestionar o percibir los sobornos que, por US92.0 millones, la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la RD.
Solo Rondón y Diaz Rúa permanecen en prisión víctimas de una medida cautelar discriminatoria. Tres legisladores del grupo se acogieron a la inmunidad parlamentaria, los nueve restantes aguardan el juicio de fondo en libertad bajo fianza.
Dos casos llaman poderosamente la atención: el del ingeniero Bernardo Castellanos, quien tras evadir su apresamiento –pues trabajaba en el exterior cuando el affaire empezó–, regresó voluntariamente y, luego de un breve arresto, fue liberado con fianza, presentación periódica e impedimento de salida. El otro asunto se refiere al también ingeniero Roberto Rodríguez, a quien el magistrado Francisco Ortega Polanco ha variado la medida de coerción.
Estas atinadas decisiones del magistrado inducen a pensar que durante un próximo proceso de revisión, él procederá con equidad variando la drástica coerción de un año y nueve meses, respectivamente, impuestas a Rondón Rijo y Díaz Rúa, erigidos por la opinión publica en “los malos” de la película titulada “Los sobornos de Odebrecht”.
La verdad es que han sido severamente discriminados por la justicia.