El anuncio de inicio del año escolar con fecha oficial para agosto se convierte en una ficción para los estratos pobres. Las condiciones para el inicio no están dadas por razones obvias de los procesos de cambio presentes en el sistema educativo, por la no-terminación de reparaciones y construcciones y por problemas pendientes que vienen arrastrándose desde años anteriores.

La incertidumbre presente en docentes, estudiantes, padres y madres se agrava con la gran cantidad de población estudiantil que no puede inscribirse, porque “no hay cupo” suficiente.

Muchas madres y padres de barrios marginados en Santo Domingo y de varias provincias manifiestan su angustia porque han visitado hasta 4 y 5 centros tratando de inscribir a sus hijos/as y no ha sido posible. Los centros están densamente poblados, los centros de excelencia no aceptan más de 30 estudiantes por aula y los que se han pasado a la tanda extendida siguen este mismo patrón. El resto de los centros educativos públicos que no tienen tanda extendida, ni son de excelencia no pueden recibir más de 45 estudiantes por aula. La construcción de aulas nuevas aún no concluye, y el año escolar está anunciado por iniciar el próximo 18 de agosto.

Se presentan docentes que dan clases en distintas comunidades rurales sin haber sido nombrados/as, otros/as están deseosos/as de obtenerlo sin éxito, no tienen suficientes vínculos políticos en los distritos ni en las regionales para ello. Otro elemento que se agrega a esta problemática es la negación de la dirección de muchos centros a inscribir estudiantes con materias pendientes y/o estudiantes con sobreedad.

El estudiante que tiene 7 años no puede entrar a un primer curso de primaria, el que tiene 13 años no puede entrar a sexto curso de primaria, así sucesivamente. Esta disposición del sistema educativo en supuesta “búsqueda de calidad” o de no “dañar” sus estadísticas, es una total violación del derecho a la educación que tiene nuestra niñez y adolescencia.

La exclusión de los/las jóvenes los/as expone al riesgo de perder el año escolar, un aumento de la población fuera del sistema y a condiciones de vulnerabilidad ante el posible acceso a actividades delictivas.

Se necesita que las autoridades educativas tengan una mirada más directa a la realidad del estudiantado en las comunidades rurales y urbano-marginales trascendiendo los esquemas rígidos que ocultan problemas y exclusión. La sociedad dominicana necesita una respuesta educativa de calidad, inclusiva y de equidad. Una respuesta educativa que tome en cuenta al estudiante no por su edad, o su rendimiento, sino para protegerlo de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad.