A diferencia de los demás pueblos de Hispanoamérica que alcanzaron su independencia luchando contra la dominación española, la República Dominicana proclamó la suya separándose de la República de Haití, nación de profundas raíces africanas a la que estuvo integrada por la voluntad de la mayoría de su población desde 1822 hasta 1844. Durante ese periodo fue abolida para siempre la esclavitud y la sociedad conoció de un vigoroso proceso de integración racial. Negros y mulatos saltaron de las categorías más bajas –esclavos y libertos discriminados- a los peldaños más encumbrados de la pirámide social, pues de pronto el poder político, civil y militar, incluyendo el municipal, fue distribuido tomando en cuenta a esa importante proporción de la población.

Sin embargo, el absoluto control que mantuvo una pequeña minoría blanca sobre el control político e ideológico de la misma República, unido a la peculiaridad de nuestra separación de una nación predominantemente negra, facilitó el resurgimiento en nuestro país de un racismo antinegro, ahora envuelto en supuestas concepciones nacionalistas, pero antihaitianas.

Ese racismo antihaitiano ha normado la vida política dominicana durante más de un siglo y se mantuvo, incluso, a pesar de que a finales del siglo XIX, asumió el poder un presidente negro y de que  algunos mulatos han alcanzado también esa misma posición. Tal es el caso del tirano dominicano Rafael L. Trujillo, el más corrupto y salvaje de los dictadores latinoamericanos.

Como se conoce ese personaje mediante la utilización del uso de la fuerza, logró lo que otros tiranos de nuestro continente no pudieron alcanzar: la casi total monopolización “en propiedad” de la economía de su nación. Después de la muerte de Trujillo (1961) y la desaparición de su tiranía, la industria azucarera dominicana, la principal de la economía nacional, que se encontraba en sus manos en una proporción mayor del 60%, fue confiscada por el Estado y pasó a ser patrimonio del pueblo dominicano como lo fueron también las demás empresas de su “propiedad”.

En verdad, a la industria azucarera nacional la enterró, finalmente el neoliberalismo, política que dicho sea de paso, ha transformado todo nuestro aparato productivo, convirtiéndonos en una sociedad dedicada a los servicios, cuyos pilares fundamentales son el turismo, las zonas francas, y las remesas en divisas, de los emigrantes nacionales residentes en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Esa brusca transformación de la economía nacional se produjo, cuando nuestra industria azucarera ocupaba en sus labores a miles de braceros haitianos, fuerza de trabajo que al ser desplazada, buscó rápidamente amparo, con el beneplácito de hacendados y empresarios, en otras actividades productivas.

La irrupción de una nueva oleada de campesinos desposeídos y obreros desempleados a nuestro territorio (fenómeno que no se ha detenido) ha desatado en la República Dominicana todos los demonios del racismo, envuelto bajo el viejo ropaje del nacionalismo, reviviendo y fortaleciendo todos los prejuicios antihaitianos que ha cultivado en nuestra sociedad la reducida oligarquía que controla el poder político y económico en nuestro país desde 1844.

Como ya hemos visto, el tema sobre el peligro de la inmigración de los negros haitianos es añejo. Lleva más de un siglo en el tintero de la producción intelectual nacional. Lo único novedoso es que ahora, los nacionalistas para fortalecer su posición y asumir supuestas poses “antiimperialistas” han comenzando a argumentar que detrás de este peligro y en su fomento, están Estados Unidos, Francia y Canadá, que tienen un “plan para fusionar” a Haití y la República Dominicana. Como en el pasado, en nuestro país existe también hoy un sector poderoso de empresarios agrícolas e industriales interesados en mantener en condiciones de ilegalidad a los haitianos que, por razones derivadas de las condiciones de miseria en que viven en su patria, se han visto obligados a abandonarla tras la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Ese grupo poderoso de empresarios industriales de la construcción y de la agricultura, no solo está estimulando esa inmigración ilegal, sino que incluso, la ha organizado mediante la utilización de agentes o “buscones” dominicanos y haitianos, que actúan en ambos lados de la frontera, atrayendo con señuelos envueltos en ensueños, a campesinos e indigentes de aquella nación empobrecida, para que se trasladen a nuestro territorio, presionando de manera permanente el mercado laboral dominicano; factor determinante que ha derribado el salario de nuestros trabajadores agrícolas e industriales, de los obreros de la construcción, y  de paso, ha debilitado la organización sindical nacional.

Deseo acentuarles que uno de los procedimientos para el mantenimiento permanente de esa fuerza laboral ilegal, que les subrayo, actúa como ejército de reserva laboral y que ha destruido el nivel salarial de nuestros trabajadores. El 15 de agosto del año 2004 bajo las presiones de los nacionalistas, fue promulgada una nueva Ley de Migración que modificó la No. 1683 del 1948, la cual sobre la base de la “interpretación” del artículo de nuestra constitución anteriormente citado, violentaba la constitución vigente para satisfacer, en apariencia, a esos grupos “patrióticos” dominicanos, pero en el fondo, como veremos, para proteger la explotación inmisericorde de la fuerza de trabajo de los ilegales de parte de los hacendados y empresarios agrícolas y de la construcción.

Según esa ley de inmigración, que reiteramos vulneraba el derecho constitucional dominicano, las mujeres “extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a un niño(a), deben conducirse al consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo(a)”, para negarle de esa manera la nacionalidad que le correspondía. La promulgación de esa ley, que fue propiciada por un reducido grupo de legisladores dominicanos de franca militancia racista antihaitiana, provocó airadas protestas de los sectores organizados más sanos de la sociedad civil, quienes elevaron incluso ante la Suprema Corte de Justicia, una petición solicitando fuese declarada inconstitucional y nula.

Igual que  en la nueva ley de inmigración protestada por la sociedad civil, la Suprema Corte de Justicia consideró a los trabajadores haitianos indocumentados residentes en el país, como personas que se encuentran en tránsito, para así justificar que los hijos de las madres haitianas nacidos en nuestro territorio se vean impedidos de obtener nuestra nacionalidad. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia para darle alguna validez a su extraña apreciación, en una voltereta leguleya increíble, pasó a estimar en ese mismo considerando que comentó, que esas madres trabajadoras haitianas, calificadas en situación de tránsito, (lo cito): “… han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país”;  y agregó: “que si en estas circunstancias, evidentemente legitimada (como en tránsito) una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo(a) por mandando de la misma constitución, no nace dominicano”.

Las contradicciones que contiene este considerando son muchas, pero solo vamos a subrayar una que parece una perla:

¿Quiénes “autorizaron de algún modo” como dice la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia, a los trabajadores indocumentados haitianos  a “entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país”, otorgándole la calidad de persona en “tránsito”? ¿Tienen los “buscones” y “contratistas”  de trabajadores haitianos facultad legal para ello? ¿Tienen también esa facultad legal los hacendados y los ingenieros constructores?

Las discusiones sobre una interpretación jurídica podrían parecer a muchos como una simple cuestión de apreciación del ordenamiento del pensamiento lógico, pero en este caso no es así;  hay aquí algo más grave. Se trata de una verdadera tragedia.

En enero 26 del año 2010, es decir, hace apenas un año, fue promulgada en la República Dominicana una nueva Constitución. Esa reforma fue alcanzada por la vía del Congreso de la República convertido en Asamblea Revisora, y no mediante una Asamblea Constituyente, como fue reclamado por amplísimos sectores. Uno de los puntos más controvertidos en la opinión pública en los días en que se efectuaba esa reforma, fue precisamente el referente a la cuestión de la nacionalidad. Pero sobre ese particular en la Asamblea Revisora se impuso finalmente el criterio de aquellos grupos de presión de claro corte racista que han pretendido, y ahora lo han logrado, mantener en nuestro país a decenas de miles de hijos de haitianos nacidos en nuestro territorio sin el disfrute del derecho a la nacionalidad.

Dicho de manera más clara, la nueva Carta Magna dominicana consagra ahora de manera definitiva el mantenimiento hasta la eternidad del “ejército de reserva” constituido por obreros hijo de madres haitianas, que actualmente están laborando en campos y ciudades, sin identidad ni nacionalidad, realidad que al tiempo que deprime el régimen de salario del trabajador dominicano de manera permanente, eleva la explotación de la fuerza de trabajo en nuestro país a niveles inimaginables. Solemne formula “constitucional” de multiplicar la plusvalía.

Hay sin embargo en esas pretensiones un elemento grave que de seguro originara a corto plazo serios inconvenientes a nuestro ordenamiento jurídico, y que incluso puede alcanzar los linderos de violaciones al derecho internacional que nos hemos comprometido a cumplir por medio de los acuerdos establecidos que giran en torno a los derechos humanos y laborales.

Todo lo anterior se observa claro si tomamos en cuenta que la no retroactividad de las leyes es un principio jurídico consagrado universalmente. De lo que se deriva en buen derecho, que a los miles de hijos de ilegales nacidos en nuestro territorio bajo la cobertura de la anterior constitución, a quienes según reiteradamente ha informado la prensa nacional se le niega, incluso, el acceso a la educación elemental, no se le puede aplicar el ordenamiento trazado por la nueva Carta Magna recién promulgada.

Por tanto, los señores legisladores que elaboraron esta nueva revisión constitucional siguiendo los lineamientos de los sectores más atrasados del empresariado industrial y agrícola dominicano, y de la extrema derecha racista antihaitiana, sin darse cuenta están introduciendo a nuestro país en un conflicto jurídico que tendrá a corto plazo serias repercusiones en el plano de los derechos universales reconocidos hoy por todos los organismos internacionales.