Madrid. Los países de América Latina, principalmente sus políticos, están a favor de la decisión argentina sobre la cesación de pago de la deuda, según un estudio hecho público hoy.

El informe del Instituto de Prospectiva Internacional (IPI) refleja que las empresas muestran cierto grado de indiferencia a esa medida, así como la oposición y los medios de comunicación, mientras que los gobiernos están bastante de acuerdo.

En base al estudio, ningún presidente de América Latina está en contra de la decisión, si bien Costa Rica, Guatemala y Panamá se muestran indiferentes, frente al máximo apoyo que expresan los gobernantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú. La postura de los gobiernos es idéntica a la de los presidentes, frente a los partidos de la oposición, que se muestran más divididos, según el IPI.

Los países en los que la oposición apoya la medida son Argentina, Brasil, Haití, Uruguay, Ecuador y Honduras, mientras que están en contra los opositores de El Salvador, Chile, México y Paraguay. Entre las empresas hay una gran disparidad de opiniones que van desde la máxima conformidad con la medida en Argentina, Bolivia, Cuba y Venezuela, hasta el rechazo de la misma de El Salvador, Brasil, Chile, Ecuador y México.

Los únicos ciudadanos de América Latina que no están conformes con la decisión son los de Panamá, mientras que los que más la apoyan son los de Cuba, Haití y Uruguay, concluye el estudio. En lo referente a medios de comunicación, destacan los medios cubanos con su defensa de la medida contrastando con los de El Salvador, que son los que menos de acuerdo están con ella.

El informe fue realizado en agosto mediante la aplicación del método Delphi desarrollado por el IPI, que consiste en hacer una encuesta a múltiples y variados expertos con probado conocimiento del escenario del estudio y que no se conocen entre sí para generar un diagnóstico panorámico de una situación.

Argentina atraviesa una crisis de deuda derivada de la sentencia favorable a los fondos especulativos que no aceptaron las quitas de los canjes de deuda planteados por el gobierno argentino en 2005 y 2010 y demandaron al país en Estados Unidos para cobrar el monto íntegro.

Como parte de la aplicación del fallo, un juez estadounidense mantiene bloqueados los pagos depositados por Argentina a los tenedores de bonos reestructurados (el 92,4 % del total) hasta que el país pague los 1.300 millones de dólares, más intereses, que debe a los fondos litigantes.

El Ejecutivo de Cristina Fernández asegura que no está en cese de pagos porque ha depositado el dinero aunque no haya llegado a sus destinatarios y sostiene que no puede cumplir la sentencia porque desencadenaría demandas millonarias por parte del resto de los acreedores.