PARÍS. AFP. Argentina tendrá que indemnizar con 405 millones de dólares a la multinacional francesa Suez Environnement por la decisión del gobierno en 2006 de anular el contrato de gestión del agua de la ciudad de Buenos Aires, según una decisión arbitral, anunció el grupo este jueves.

El arbitraje fue dictaminado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de varios años de pleitos entre el Estado argentino y el gigante francés del agua y los residuos, al que se le atribuyó en 1993, a través de su filial Aguas Argentinas, la gestión de los servicios de agua y saneamiento de la capital.

Esta decisión «es un reconocimiento de los derechos de Suez Environnement y del trabajo realizado por los equipos del grupo para suministrar a una población de 8 millones de habitantes, de los cuales 2 millones no tenían antes acceso a agua corriente y al servicio de saneamiento», se congratuló el grupo francés en un comunicado.

Argentina decidió en marzo de 2006 anular unilateralmente el contrato de concesión de Aguas Argentinas y crear en su lugar una nueva empresa controlada en 90% por el Estado.

El gobierno argentino justificó su decisión al afirmar que la filial del grupo francés no respetó los términos del contrato de concesión, especialmente en materia de inversiones y de calidad de agua potable.

El CIADI, que depende del Banco Mundial, había reconocido ya en 2010 la responsabilidad de Buenos Aires en ese litigio, aunque no había fijado el monto de la indemnización. Suez reclamaba en la época 1.200 millones de dólares de indemnizaciones.

Este caso llegó al más alto nivel del Estado. El ex presidente francés Jacques Chirac había calificado en 2005 este caso de «piedra en el zapato» en las relaciones entre ambos países, durante una visita a París del presidente argentino de la época, Néstor Kirchner.

«Una nueva etapa se abre ahora, para lograr la aplicación de la decisión del CIADI», indicó Suez Environnement.

Durante la gestión de los presidentes de centroizquierda Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015), el Estado argentino tomó el control de varias empresas, como Aerolíneas Argentinas y la compañía petrolera nacional YPF (exRepsol).

En los años 1990, el presidente ultraliberal Carlos Menem (1989-1999) llevó a cabo una masiva campaña de privatizaciones.

El grupo GDF-Suez sigue en Argentina con su participación mayoritaria en Litoral Gas, distribuidor de gas en la provincia de Santa Fe, donde se encuentra la tercera mayor ciudad del país, Rosario, y en una parte de la provincia de Buenos Aires. Durante mucho tiempo, Argentina ignoró los arbitrajes del CIADI en su contra, antes de cambiar de estrategia hace un año y medio. A finales de 2013, llegó a un acuerdo con la petrolera española Repsol a la que indemnizó con unos 5.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.

Varias empresas francesas que se han sentido perjudicadas por el Estado argentino han recurrido al CIADI.

Vivendi fue indemnizada en 2013 tras difíciles negociaciones con el gobierno argentino. Su filial en el noreste de Argentina Aguas del Aconquija (tratamiento y distribución de agua) anuló su concesión con la provincia de Tucumán (noreste) por incumplimiento del contrato.

El CIADI también condenó a Buenos Aires a que indemnizara a Total (gas) y Saur International, empresa de tratamiento de aguas que estaba instalada en la provincia de Mendoza.

Estas sentencias son definitivas e irrevocables, pero Argentina todavía no ha agotado todos los recursos. Su estrategia consiste en dilatar los procesos para atrasar los pagos.

Desde la crisis de 2001-2002, muchas empresas francesas abandonaron Argentina, 3ª economía de América Latina, entre ellas la energética EDF, los bancos Crédit Agricole y Société Générale, France Telecom y Vivendi Environnement (que actualmente se denomina Veolia Environnement).