La oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), desde su creación por el Presidente Balaguer en 1986, ha sido considerada “una guarida de extorsionistas” que operaba la expoliación de los concesionarios de las obras públicas, que mediante sorteo obtenían contratistas de bajo perfil económico. Como estos no tenían recursos económicos para finanaciar la construcción de la obra asignada, individuos ligados a la OISOE les hacían proposiciones de financiamiento informal para finanaciar las mismas.

El Arq. David Rodríguez G. había obtenido por sorteo la construcción de una escuela en Peralvillo, provincia de Monte Plata, por la tardanza en el pago de las cubicaciones (ex profeso), el mismo tuvo que acudir a particulares para poder continuar la obra.

El Director de Edificaciones Escolares de ese distrito era el Ing. Alejandro de los Santos, quien por intermedio del Ingeniero Yoel Soriano y del abogado Rafael Pérez Alejo, convencieron al Arq. Rodríguez que tomara un préstamo particular que Pérez Alejo, conocido como el “hombre del maletín”, le suministraría para terminar la obra.

Esto ha sido corroborado por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En la OISOE, con la finalidad de que el Arq. Rodríguez no pudise zafarse del compromiso adquirido, al momento de la emisión del cheque por el Banco de Reservas, para pagar la cubicación, confeccionaban dos cheques: uno para el constructor y el otro que servía de la ración de la boa cobrada en efectivo, sin entregar recibo de parte de los señores Soriano y Pérez Alejo.

Por supuesto, para ejecutar la extorsión tenían como cómplices a funcionarios de la OISOE, Ministerio de Educación y a un funcionario de Banco de Reservas. Esta última conexión debe ser exhaustivamente investigada, ya que el banco oficial del Estado Dominicano no debe ser parte de esta mafia.

La OISOE ha tenido varios titulares, destacándose el Ing. Félix Bautista, que logró en los tribunales de la República por la actuación de un juez venal, que emitió un “no ha luagr” que pretendía archivar el expediente. El otro, el destituido Ing. Miguel Pimentel K. , está involucrado en la quiebra del Banco Peravia.

El actual Director de la OISOE, Ing. Francisco Pagán, laboraba en la OISOE y entendemos que debió estar informado de todas estas anomalías, las cuales debe investigar para enjuiciar a los culpables.
La tragedia del suicidio del Arq. Rodríguez, que abrumado por los jornaleros y por los suministradores de materiales de construcción, se quitó la vida en un baño de la OISOE, ha desencadenado tardíamente las investigaciones sobre las mafias que extorsionaban a honrados y laboriosos contratistas, como es el caso que nos ocupa.

La comisión formada por los ministros de Obras Publicas y Comunicaciones y de Educación, así como del Director de la OISOE, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), tendrá vigencia mientras esté latente este lamentable suceso. En poco tiempo todo se olvidará y seguirán por sus fueros los delincuentes que amparados por su posición oficial continuarán con estas nefastas prácticas.
Ahora bien, hay circunstancias que deben ser aclaradas por esta comisión: quién depositó los RD$6,565.000.00 que le adeudaban al Arq. Rodríguez, que de haber tenido conocimiento de esto no se hubiera producido el suicidio. Por tanto, la indagación debe comprender varios puntos: 1) Los funcionarios de la OISOE; 2) Ministerio de Educación; 3) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; 4) Los prestamistas y sus aliados; 5) Los oficiales del Banco de Reservas ligados a estas operaciones; y 6) los integrantes del conjunto mafioso que operan en esa dependencias del Estado.
Somos de opinión que los escándalos por extorsión, corrupción administrativa y nepotismo hacen énfasis en que la OISOE sea desmantelada, para dejar de ser una entidad paralela al MOPC, el cual debe absorberla.
Pero, la justicia que actualmente en nuestro país se ha quitado la venda, debiera reivindicarse sometiendo a todos los componentes de la banda mafiosa que durante muchos años ha extorsionado a los que suscribieron contratos con esa entidad. Se entiende que al acceder a la justicia ésta no se convierta en un río de incidentes procesales.