Desde la leche y el pan que a nombre del “Benefactor” madres pobres de San Cristóbal recibían, el desayuno que como pichones hambrientos en el hogar sus hijos esperaban, hasta las tarjetas de Solidaridad y otras modalidades de la asistencia social, la pobreza se masificó, mutó en un fenómeno complejo al que se deja inflar e inflar sin enfrentar sus causas.
“Uno podía empolvarse con el pan, venía en sacos de harina que no sacudían bien, recuerda don Luis, entonces un adolescente, hoy septuagenario, la misma edad, flacidez y pobreza del abuelo con el que compartía la marifinga y la ración alimenticia de las “funditas de Balaguer”, sazonadas con vejaciones y atropellos, que recibían en filas mucho más largas porque los pobres se multiplicaban como hongos.
Desde la dádiva trujillista a la Cruzada del Amor y tarjetas electrónicas del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) han transcurrido decenios de avasallamiento de generaciones, con un asistencialismo que ahonda la pobreza heredada.
Cadena intergeneracional. La ignorancia les impide percatarse de que esa ayuda mantiene la cadena intergeneracional de la desigualdad social, de la que son eslabones los hijos y nietos de don Luis. También la prole de muchos que como él aguardaban ansiosos el desayuno, motivación, a veces exclusiva, por la que hoy muchos niños y niñas asisten a la escuela.
La forma de entregarles alimentos cambió, no así la esencia de esos programas, con los que la desigualdad siguió encadenando a su familia, desintegrada al marcharse hermanos e hijas a Nueva York y España, en una emigración incesante que influye en la desintegración familiar.
Alrededor de un 10% de la población dominicana, en su mayoría expulsados por la pobreza, que con sus remesas en dólares impulsan desde el exterior una economía en crecimiento cuyos beneficios no llegan a los parientes pobres a quienes se las envían.
Descendientes de don Luis figuran entre las familias asistidas por Prosoli, que les aporta de RD$ 0 a RD$2,500 mensuales, dependiendo de que haya envejecientes y del número de hijos e hijas en la escuela.
Elvira, la hija que lo alberga, recibe RD$850 mensuales de “Comer es Primero”, RD$228 por el “bono gas-hogar” y RD$400 de “bono luz. Además, RD$400 como complemento alimenticio para él, en su condición de envejeciente, y RD$300 por tres hijos menores que cursan la básica. En total RD$2,178 mensuales. Ella trabaja en una zona franca por RD$8,850 mensuales, que con el aporte de Prosoli suman RD$11,028.
Familias de cuatro miembros calculan sus gastos en alimentos entre RD$10,500 a RD$11,500 al mes para un modesto desayuno, comida y cena. Difícilmente pueda Elvira dedicar el incentivo escolar a uniformes y útiles, pues además de alimentos tiene que cubrir transporte y otros gastos. Afortunadamente, cuentan con el seguro social en el régimen subsidiado. Pero “eso sí, pasando crujías en hospitales”, exclama don Luis.

Otros cauces. Hubo un intento de tomar otra senda, el propósito de Juan Bosch de sacar de la pobreza a los “hijos de Machepa”, desterrar la ignorancia, multiplicar el empleo con el desarrollo de la agroindustria, añadiendo valor agregado a los frutos del campo.
Una forma de proteger e impulsar a la vez el agro y la industria, de retener en su hábitat a las familias rurales que comenzaban a cubrir la periferia urbana de marginalidad. Sueño frustrado, sin eco en el liderazgo político y económico, ni en el de sus pupilos peledeístas, que sobredimencionaron la política del “dao” instaurada por el balaguerismo y proseguida por los perredeistas.
Al unísono con América Latina, siguiendo pautas del exterior, en los años 70 del pasado siglo se inició la sustitución de importaciones, desestimulando la agricultura. Como tras la flauta de Hamelin, los campesinos llegaban hechizados a las ciudades atraídos por un empleo en las fábricas del fallido proceso de industrialización que alentaba el uso de materias primas importadas.

Recetas van y vienen. Los sucesivos gobiernos aplicaron “recetas” de organismos multilaterales, los que volvían con nuevas fórmulas como “remedio” a los males que esas mismas políticas infligían a la economía y calidad de vida de la gente.
Acogieron la focalización de los subsidios a los grupos vulnerables, modalidad que de 5% en 2005 pasó a 60% en la actualidad. Aplicaron luego las transferencias monetarias condicionadas, de poco impacto en salud, nutrición y educación a las que se vinculan.
Este modelo se inició en 2002 con la Tarjeta de Asistencia Escolar, contra la deserción en la enseñanza básica. Siguieron otros para bachillerato, técnico-profesional y universitaria. Su efectividad flaquea al apoyarse más en la transferencia que en la condicionalidad, por falta de efectiva fiscalización de los compromisos asumidos por los beneficiarios.
Desnaturalizan funciones. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), órgano rector del sector, desnaturalizó sus funciones de coordinar y articular todo el sistema, al convertirse en entidad ejecutora, mediante decreto de 2004, entrando así en competencia con instituciones y programas.
Al revisar su labor y la de la Unidad de Seguimiento a la Política Social (USPS), en 2002 detectaron 40 entidades públicas que realizaban asistencia social. Eliminaron algunas y transfirieron otras, pero aún permanecen varias de las que se recomendó eliminar, algunas con elevado presupuesto.
En 2006 reformularon la política social, pero buena parte de las reformas quedaron en la retórica o con poca incidencia en la eficiencia de programas sin la debida coordinación de un número inmanejable de instituciones.
Especialistas proponen mejorar la calidad de la protección social en términos de efectividad, transparencia y sostenibilidad. Mejorar la ejecución, monitoreo y evaluación, elevar la capacidad técnica, superar debilidades en la coordinación y articulación con las acciones sectoriales en educación, salud y nutrición.
Entre otras recomendaciones, plantean la necesidad de reformas institucionales, como las consignadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que optimicen la gestión del sistema en su conjunto, aumente su impacto global y se garantice la responsabilidad del Estado en las políticas sociales.