Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que «la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir».

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para «asistencia social», los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social («barrilitos y cofrecitos») que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a «todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés», el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un «aguinaldo navideño».

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere «la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones». Y el 212 especifica: la JCE «velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación».

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a «juez electoral».

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar «cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral» y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y «Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados»…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que «luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado».
En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta «call centers de interactivos», incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 «pro fondos de la campaña presidencial» en la residencia de un empresario y se «sugiere» una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.