La ley y el orden institucional son dos factores vitales para la convivencia social, el progreso, desarrollo y bienestar de la nación. Cuando una sociedad en sus distintos estamentos se siente identificada con esos valores, la nación se encamina firmemente hacia un régimen de gobierno democrático, donde prevalecen los principios de igualdad de todos ante la ley, la independencia de los poderes públicos y un ordenamiento jurídico, social, económico y político que propugna por la equidad, la justicia y la dignidad del ser humano.

La ley y el orden pueden – no deben – imponerse por la razón o por la fuerza, lo que es propio de un sistema dictatorial del que tanto se abusa y se enmascara en el mimetismo de “elecciones libres y democráticas”, y en el falso ropaje de una Constitución hecha a la medida por el poder constituido que usurpa el derecho natural del pueblo, su voluntad y soberanía, para mantener un ordenamiento normativo que favorezca al grupo y a los intereses de la clase dominante, y bloquear, reprimir o anular todo intento de alternancia o de cambio para lo mejor. La violencia política vista así organizada, sistémica, no deja de ser “una forma de violencia humana” siendo funesta para la democracia, más peligrosa y difícil de combatir cuando se reviste de una seuda legitimidad institucional.

¿Qué pasa entonces cuando se entroniza en el poder factico, incapaz de garantizar la ley y el orden que más bien desborda? ¿Qué pasa cuando la violencia criminal organizada se apodera de las instituciones democráticas y las socaba imponiéndole sus propias leyes e intereses a través del soborno, la complicidad, o el miedo? ¿O la violencia callejera espontánea o el sicariato se apoderan de las calles, los lugares públicos y la intimidad del hogar y la sociedad hondamente perturbada se siente totalmente desprotegida del vandalismo y el desorden reinantes y observa que los guardianes de la ley y el orden hacen causa común y se atrincheran?

La violencia que vivimos y padecemos en todas sus formas y manifestaciones, es un instrumento que agrede la defensa y desquicia el ordenamiento jurídico, político económico y social, tiene sus raíces profundas en factores internos y externos que a veces se entrelazan y determinan o condicionan la actual descomposición social avergonzante.

Desprovista de todo propósito sano, agrede “la necesidad tan universalmente sentida de gobernar y saber que se es gobernado en base a un principio moral”, que se corresponde con la real naturaleza humana. El desconocimiento y abuso de ese principio fundamental y básico del buen vivir, ha arropado por completo la sociedad utilitarista moderna donde el fin justifica los medios aupando la criminalidad y aterrorizando a la población indefensa. La corrupción todo lo corrompe, el silencio y la indiferencia aun más.

Cuando una sociedad, tan frágil e imperfecta como la nuestra encuentra que se le cierran las puertas de la alternancia para el cambio y percibe y siente que está atrapada y sin salida, ¿Qué otra salida le queda que no sea la otra violencia? Deber de todos es procurar que no sea así.