A grosso modo, se podría suponer que República Dominicana ha progresado políticamente. Se han hecho reformas institucionales (costosas por cierto) para contar con  una super-JCE de dos cámaras y nueve miembros y ahora los partidos son subsidiados con una gruesa porción de recursos aportados por los contribuyentes.

Pero ocurre que un estudio de la prestigiosa fundación Konrad Adenauer coloca a este país muy lejos de los Estados latinoamericanos en los que existe gran respeto por los derechos políticos y los legítimos  intereses de la ciudadanía; y sobre todo que han avanzado en expandir el  bienestar entre la gente. Hablamos de Chile, Costa Rica y Uruguay.

La libertad de expresión, que es el renglón  en que hemos avanzado más tras la histórica noche del 30 de mayo de 1961, no ha sido respaldada por el fortalecimiento de instituciones que canalicen y satisfagan  las aspiraciones de la mayoría de los dominicanos en aspectos esenciales de su existencia. Y esa libertad – que a veces es libertinaje-  no ha significado que el ejercicio del poder ha dejado de estar concentrado en pocas manos. El presidencialismo y la supremacía de grupos económicos  reemplazan, con sutilezas y disimulo, a los poderes omnímodos de la vieja usanza.

Además, el despotismo que significa la desigualdad extrema  y el bajo índice de desarrollo humano está presente hoy. Cincuenta años de  significativo crecimiento económico no le han hecho mella a la marginación y  a la pobreza. Todo lo contrario.

La ignorancia es rampante, expresada en unos índices de escolaridad que nos distancian enormemente de las naciones del hemisferio donde la democracia es algo más que apariencia porque hay comportamientos cívicos ejemplares y administraciones  del Estado que funcionan.

Aquí la búsqueda del poder es un infructuoso tira y hala con proselitismo envilecido y falta de voluntad y autoridad para lograr que cosas tan elementales como la seguridad social sean una espléndida realidad.

Secuela
Los dominicanos consumen per cápita  el doble del  volumen de agua que es  promedio en el resto del mundo, lo cual es una forma de decir las cosas. Lo que en realidad ocurre es que este país desperdicia irracionalmente el líquido esencial. Junto a ese “consumo” conspicuo aparece el dato de que un millón y medio de personas no tiene acceso a acueductos, lo cual habla muy mal de un territorio  que se distingue por su alto número de vehículos costosos.

 De una República  que entrará en la era del transporte maravilloso del metro sin haber sacado del hacinamiento y el desastre urbano a cerca de un tercio  de su población. El mayor desperdicio del líquido  se da en ciudades con barrios enormes en los que el individuo promedio no ha recibido  educación suficiente para darle valor al agua.

El sistema educativo dominicano no ha generado ciudadanos cabalmente formados para jugar el rol de los tiempos y que por lo menos constituyan mayoría. Por decenios, la formación escolar ha sido frustrada por deserciones, ausentismos y mala calidad y poca cantidad de la enseñanza. Los políticos, cuando están en el poder, apelan a lo mediático para tratar de poner sordina sobre esa realidad. Pero lo auténtico es que la inversión social nunca ha llegado a los niveles que impidan comportamientos como el que lleva  al  desperdicio masivo del agua, como  está ocurriendo de manera alarmante.