Las multimillonarias irregularidades halladas por la Cámara de Cuentas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) revelan que, a pesar del blindaje de la administración pública para contrarrestar la corrupción, el engranaje de las complicidades permite que los funcionarios sean proveedores, que se adquieran bienes y servicios sin contratos previos, y que se asignen compras directas, sin licitaciones.
Ese entramado, en el que están implicados Manuel Rivas, exdirector de la entidad, y alrededor de 20 empleados, permitió que se cometieran irregularidades en contra del Estado al pagar, sin previos contratos, RD$3,029,885,296 a 51 proveedores, entre 2012 y 2017, período que abarcó la auditoría.
Aunque por los montos saldados se requería la formalidad del servicio ofrecido, esos desembolsos se hicieron con la autorización de Rivas y de Faustino Rosario, exgerente financiero de la OMSA, con la aprobación de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con los detalles de la auditoría, las órdenes de servicio que sobrepasan el umbral para compras directas sin contratos asciende a RD$ 2,209,242,493.
Los montos más altos bajo esta modalidad se pagaron a Trans Diesel del Caribe, por RD$ 281,614,132; a la Distribuidora Internacional de Petróleo, por RD$270 millones, 9,859; a Sunix Petroleum por RD$ 268,152,507; a Tech Solución por RD$261,299,139; a Climosa Enterprise, por RD$244,061,386; a Autozama, por RD$211,754,091; a Dominican Energy and Services, por RD$202,091,346; Consorcio Pelícano, con RD$150,877,524; Venditio Line y Asociacios, con RD$121,824,120.
El resto recibió pagos que oscilan entre 3 y 69 millones de pesos.
Las actas de adjudicaciones relativas a las compras directas fueron firmadas por Pedro Messón, en representación del director de la OMSA; Nelson Mejía, gerente administrativo; William Hernández, consultor jurídico; Víctor Eugenio Torres Rosa, gerente de Planificación y Proyectos de Inversión, y Rosa María Cruz Aracena, responsable de Acceso a la Información.
Todos los pagos fueron autorizados por Rivas y el gerente financiero Faustino Rosario Díaz.

Adjudicación a vinculados. En el informe redactado por la Cámara de Cuentas, a solicitud del Ministerio Público, se establece que la OMSA acordó contratos por bienes y servicios con empresas vinculadas a funcionarios de la institución, a las cuales se les otorgaron pagos por un valor de RD$31,979,524.
A la empresa Ramel Corp, SRL, representada por José Esteban Valenzuela Alcántara, se le adjudicaron seis contratos para la compra de juguetes, t-shirt, desayuno, picaderas, almuerzos y rotulaciones de autobuses por un valor de RD$18,715,749.
“En esta revisión, tanto de la declaración jurada de su patrimonio en su condición de funcionario público depositada en la Cámara de Cuentas el 28 de noviembre de 2016, del gerente financiero, se evidencia que la señora Rosa Elena Peña es la esposa de Faustino Rosario, gerente financiero de la OMSA”.
A la empresa Farma-S JHR Express se le pagaron RD$11,005,243 para el suministro de productos farmaceúticos. Se determinó que Rosa Elena Peña (esposa de Faustino Rosario) y Carmen Rosario Díaz (hermana de este) aparecen como las dos únicas socias de esa empresa.
La auditoría también determinó que en la empresa Suplifarma JYY aparece como gerente Rosa Elena Peña, a quien se le pagaron RD$2,258,532 por diferentes servicios. Ese pago se hizo cuando Faustino Rosario fungía como gerente de la OMSA. Tanto Suplifarma como Farmas JHR tienen el mismo domicilio.

Durante el período analizado la OMSA hizo nueve adquisiciones a través del procedimiento de urgencia, por un valor de RD$145,564,199, de los cuales RD$57,799,093 corresponden a las adjudicaciones de Tech Solution EKR, y el Grupo Martisdom para la compra de equipos especiales para el taller central de la OMSA.
En su informe la Cámara de Cuentas destaca que “las compañías adjudicadas son propiedad del señor Eddy Santana Zorrilla, y de su sobrina, Rosary Margarita Hernández”.
Santana Zorrilla está vinculado, al igual que Manuel Rivas, Argenis Contreras, José Mercado, Lucas Tobías Ortega, Víctor Elisander Ravelo, Jorge Luis Abreu Fabián y Faustino Rosario, en la muerte del abogado Yuniol Ramírez, ocurrida en septiembre de 2017 y cuyo supuesto móvil fue la extorsión.
Duplicidad en la reparación de autobuses. Los hallazgos de los auditores de la Cámara de Cuentas también establecen que uno de los autobuses de la OMSA, marca Hyundai Aero City, comprado en 2015 a Venditio Line y Asociados, habría recibido dos reparaciones completas entre marzo y agosto de 2016 “sin que se evidencie la ejecución de la garantía de reparación de seis meses por parte del proveedor”.
“Se verificó durante el año 2016 unidades reparadas dos veces por conceptos idénticos, con facturas en fechas similares, por montos de RD$895,930”.

Cuestiona rol de las UAI. En la auditoría especial practicada a la OMSA, la Cámara de Cuentas resalta el flaco servicio de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General (UAI), que verificaron y aprobaron dichos desembolsos.
Indica que aunque la OMSA autorizó de manera irregular las compras de urgencia para nueve proveedores de repuestos de vehículos y maquinarias por un monto ascendente a RD$124,684,310, y no rindió el informe de las mismas a la Contraloría ni a la Cámara de Cuentas, esos procesos fueron revisados y aprobados por la UAI.
Señala que es de principio que no basta con invocar la realidad de un hecho, sino que se precisa establecer en qué consistió y cómo se materializó.
Resalta la CC que las UAI, en ocasión del desempeño de sus funciones y atribuciones, “no observaron como corresponde, las disposiciones legales y reglamentarias de orden público y carácter obligatorio que debieron ser ponderadas al momento de la verificación y aprobación de los desembolsos realizados por la OMSA”.
Solicitud auditoría. La auditoría fue solicitada por el procurador general, Jean Rodríguez, a raíz del asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, hecho por el cual guardan prisión preventiva el exdirector de la institución, Manuel Rivas, y otros colaboradores suyos, a quienes la víctima acusaba de corrupción.
El procurador general dijo en la oportunidad que la auditoría tiene como finalidad “sustentar adecuadamente la formulación de un futuro sometimiento judicial por corrupción contra los funcionarios gubernamentales y los empresarios del sector privado que hayan participado en actos de corrupción”.
Ramírez fue secuestrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el 11 de octubre, y su cadáver fue hallado al día siguiente con dos bloques atados a una cadena, en el río Manoguayabo en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo.
En rueda de prensa para dar a conocer el hecho, la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, acusó a varios empleados de la OMSA del asesinato de Ramírez porque supuestamente este quería extorsionar con RD$4 millones a Rivas por las irregularidades que se cometían en la entidad, lo cual fue negado por los familiares de Ramírez.