Las autoridades aún no han ofrecido ningún detalle de las investigaciones que realizan en torno a la ejecución de Rubén Darío Hipólite Martínez frente a tres niños que cometieron miembros de la Policía Nacional el pasado viernes en el residencial Renata III, del municipio Los Alcarrizos.
Al reclamo por esclarecimiento de las circunstancias del hecho se sumó ayer el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), entidad que exige que se produzca una investigación exhaustiva para que la institución, que debe garantizar el orden, fortalezca su imagen ante una población que la cuestiona.
“No abogamos por un confeso delincuente, cuyo prontuario de hechos que riñen contra la ley es reconocido hasta por sus propios familiares; lo que pedimos es que este tipo de actos de los agentes del orden público no se repita”, expresó su presidente, Virgilio Almánzar.
El activista también puso énfasis en el impacto psicológico que este suceso dejará en los niños que lo presenciaron.
“Este acto fue perpretado en presencia de niños, y el trauma que esto les deja los marcará para el resto de sus vidas”, subrayó.
Por este caso, el director la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, designó una comisión para investigar los hechos, encabezada por el director del departamento de Asuntos Internos, Héctor García Cuevas; y el inspector general de la institución, Atahualpa Cabrera Sarita. A su vez, fueron suspendidos cuatro agentes policiales para fines de investigación.
Dos muertes más. Las autoridades policiales y judiciales tampoco se han pronunciado sobres las pesquisas que se efectúan acerca del fallecimiento de dos ciudadanos, que se dedicaban a vender de piña, en manos de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mientras estos últimos realizaban un operativo en conjunto con agentes de las Fuerzas y del Ministerio Público en Capotillo en la madrugada del 25 de octubre.
Tres semanas después, aún se desconocen los nombres y su grado de participación en un hecho que cobró dos vidas humanas, y que inicialmente fue descrito por la DNCD como un “intercambio de disparos”.
La investigación de este suceso y sus responsables está a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional.