Las autoridades que encabezan la Mesa de Trabajo Insterinstitucional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, coordinada por la Procuraduría General de la República, se reunieron para definir un plan de acción a corto y mediano plazo en el interés de fortalecer el sistema de prevención, detección y persecución del lavado de activos.

El titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona, quien funge de coordinador general de dicha mesa, dijo que el encuentro fue realizado con el propósito de estar mejor preparados ante el compromiso de la evaluación riesgo país, pautada por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) para los próximos meses de septiembre y octubre.

“Todo este esfuerzo se inscribe en la voluntad política del Estado para adecuar sus ejecuciones a los requerimientos de las nuevas 40 recomendaciones que está implementando el GAFI a nivel global”, puntualizó.

El funcionario indicó que el plan que elaborarán para su ejecución a corto y mediano plazo será estructurado por consenso de todas las instituciones de los sectores público y privado vinculados al tema.

Expresó que tienen grandes expectativas con relación a la próxima evaluación nacional de riesgo país, al tiempo de enfatizar en los esfuerzos que se llevan a cabo para acatar las recomendaciones de la referida organización internacional.

Durante el encuentro también expusieron, el primer sustituto del Procurador General de la República, Rodolfo Espiñeira, y el presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy.

Rodolfo Espiñeira, en representación del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ofreció las palabras de bienvenida a la actividad, y tras ponderar el encuentro, dijo que servirá para escuchar las recomendaciones de los sectores público y privado con el propósito de que el país sea un referente de prácticas eficientes contra el lavado de activos.

Mientras que Fidias Aristy destacó que la mesa de trabajo renueva los esfuerzos que hace el Gobierno a través de las diferentes instituciones, y fortalece las relaciones con el sector privado con el objetivo de enfrentar con éxito los desafíos que se presentan para que la economía nacional se mantenga limpia y que no sea lesionada por actividades ilícitas como el lavado de activos.

Igualmente agradeció a la Procuraduría General de la República por estar en la disposición de recibir a los integrantes de la mesa de trabajo que, aseguró, busca reafirmar el compromiso del Gobierno para que el dinero proveniente del lavado de activos no penetre en las finanzas del país.

En el encuentro participaron procuradores generales adjuntos, fiscales y miembros de la sociedad civil, como Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, así como representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Dentro de las 40 recomendaciones hecha por el Gafi se encuentran, tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Convención de Viena), así como la mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en casos de blanqueo de capitales cuando sea posible.

La reunión fue celebrada en la sede del Ministerio Público, en el Centro de los Héroes, con la participación de los demás integrantes de dicha mesa, que además de la Procuraduría General, quien desde el 2012 la coordina vía la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, está conformada por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), los colegios de Abogados y de Notarios e institutos de contadores, entre otras entidades, así como por organizaciones de la sociedad civil y diversas personalidades vinculadas al combate de esos flagelos.

La mesa de trabajo cumple con un acuerdo de cooperación jurídica insterinstitucional entre la Procuraduría General de la República y las referidas entidades para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El GAFI, con sede en París, es una organización intergubernamental, cuyo objetivo es desarrollar y promover políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.