Las políticas sociales tendentes a disminuir la pobreza y la desigualdad han sido ampliamente estudiadas en América Latina, y es que la experiencia en la región indica que, a pesar del significativo crecimiento económico, aún persisten marcadas diferencias en la búsqueda de la equidad, los objetivos del desarrollo y el fortalecimiento del capital humano.

Así lo indican Jarquìn, E. & Caldera A. (2000). En su investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulada “programas sociales, pobreza y participación ciudadana”, al expresar que no es posible lograr crecimiento con equidad, reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad “si no se mejoran la capacidad y habilidades de la población en América Latina y el Caribe para que ésta pueda acceder a las oportunidades de generación de riqueza y bienestar”.

Continúan formulando los autores que “si bien la educación es primordial para el fortalecimiento del capital humano y el logro de la equidad, se podría aseverar que la participación ciudadana es el gran camino que (…) puede generar cambios profundos en nuestras sociedades” (Jarquín y Caldera, 2000: xi).

Del examen anterior se advierte que para propiciar el cambio en América Latina que implique igualdad, generación de riquezas y capital humano, las políticas sociales deben ir encaminadas hacia la educación y la participación ciudadana como mecanismos fundamentales de la lucha contra la pobreza. De esta manera, seguiremos combatiendo los “altos grados de exclusión socioeconómica (…), y la precariedad de las instituciones democráticas que prevalecen en muchos de los países de la región” (Jarquín y Caldera, 2000: vii).

Sin embargo, se considera que “el Estado juega un rol protagónico al cual no puede renunciar… debe velar por más democracia y más igualdad… por el lado de la democracia, el Estado debe apostar por mejorar la calidad de la política en sus procedimientos, por agendas estratégicas que reflejen la deliberación de un amplio espectro de actores y por una voluntad popular que se traduzca en pactos que provean legitimidad y garanticen políticas en el mediano y largo plazo” (Prospectiva y desarrollo. El clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020, CEPAL, 2013, p. 7).

En el aspecto de la igualdad se considera que “el Estado debe ocuparse por incrementar la participación de los sectores excluidos y vulnerables en los beneficios del crecimiento” (CEPAL, 2013, p. 7). Se refiere a igualdad de la ciudadanía para vincular la política con la igualdad social.

Otro aspecto a tomar en cuenta, es que la crisis de la gobernabilidad trajo consigo la necesidad de la creación de consensos para contrarrestar la creciente deslegitimación del poder político durante la gran crisis en la década de los años noventa.

Por esta razón, en un estudio de Ruiz, A., sobre “concertación nacional y planificación estratégica: elementos para un “nuevo consenso” en América Latina”. Publicado en Santiago de Chile por el Instituto Latinoamericano y de Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) en el año 2002, consideró que “el fortalecimiento de la ciudadanía como participación efectiva de los actores sociales en los asuntos públicos es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social” (p. 54).

Es evidente que la nueva gestión pública conlleva la instauración de mecanismos de participación ciudadana para legitimar el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de protección social dirigidas a disminuir los niveles de desigualdad, para crear mayor bienestar social con políticas públicas de protección social de inclusión y redistribución equitativa de las riquezas; además, que generen capital social a todos los niveles.

Las tendencias en América Latina indican que se debe favorecer el proceso de institucionalización de los procesos de consulta ciudadana y los mecanismos de democracia directa para permitir introducir en la esfera pública espacios de participación ciudadana que contribuyan a la democratización de la administración pública.

Esta democratización debe guiar la nueva gestión pública a espacios de participación de la comunidad, quienes son actores fundamentales en la lucha del combate a la pobreza, la desigualdad, y desde donde se extraen las necesidades fundamentales que tienen los ciudadanos de las esferas de la sociedad más excluidos, lo que permitirá generar un clima de políticas públicas de protección social que incluya en su esquema la igualdad y programas de protección social.

Por ejemplo, en estas tendencias sobresale la experiencia de Brasil que lideraron los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva desde el año 2002, ya que se pudo construir una verdadera reforma política, que incluye la participación de los ciudadanos en diversos campos de política pública, por medio del ejercicio directo de la soberanía, tanto en mecanismos de democracia directa como en la incorporación de la participación de los ciudadanos en los campos de protección social y reforma urbana.

Es por esto que valoramos como relevante que las políticas de inclusión social son económicamente eficientes porque el costo de la exclusión, en términos de crecimiento económico y cohesión social, es demasiado alto.

También, “las políticas educativas son centrales en los procesos de inclusión porque retornan el mayor beneficio individual y colectivo en el mediano y largo plazo (…), y es la condición sine-qua-non para la inserción formal en el mercado laboral, garantizando la generación de ingresos de los más necesitados” (Reiter, B. y Lezama, P. 2013, Transferencias condicionales y políticas de acción afirmativa en Latinoamérica: la diferencia que políticas de inclusión pueden hacer, p. 456).

Todo esto implica que, para la mejoría de las condiciones económicas, el crecimiento con equidad, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad, se necesita crear una cultura de visión a largo plazo de las políticas públicas de protección social que revalorice la inclusión social y la igualdad.