Uno de los mayores logros, en materia del manejo de los recursos públicos, fue la reforma de la administración fiscal, un conjunto de leyes aprobadas en la segunda administración del Presidente Leonel Fernández, donde se dieron pasos importantes como la implementación del Sistema de la Administración Financiera (SIAFE) y su herramienta tecnológica, el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), y en el presente Gobierno del Lic. Danilo Medina, en apenas un año y cuatro meses, se han logrado importantes avances en la aplicación de esa reforma.

En noviembre del 1996, en la primera gestión del Presidente Fernández, se emitió el decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), se obtuvo un financiamiento del BID, siendo aprobado dos años después por un Congreso de mayoría perredeísta, correspondiéndole a la gestión de Hipólito Mejía la tarea de ejecución del programa; sin embargo apenas se pudo promulgar la Ley de Contabilidad Gubernamental (Ley 126-01).

En la segunda gestión del Dr. Fernández se reinició la reforma de la administración fiscal y en el 2005 se aprobó la Ley de Tesorería; en enero del 2006 la Ley de Crédito Público, pero fue necesario obtener una mayoría congresional en 2006 para lograr la aprobación de las leyes de las nuevas Secretarías de Hacienda y Economía, Orgánica de Presupuesto, Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios; Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE) y Control Interno y Contraloría.

Le ha correspondido a esta administración del Lic. Danilo Medina avanzar en el cumplimiento de ese marco legal, lo cual representa la posibilidad de mejorar la calidad del gasto, reducir la corrupción, permitir un mayor equilibrio en la distribución del ingreso a todas las comunidades y dedicar más recursos al gasto social.

Dentro de esos avances se destaca el cumplimiento de la Ley de Compras y cabe citar la ampliación del papel de Promese en la adquisición de todos los medicamentos y material hospitalario del Gobierno realizado por la vía de licitaciones, también la celebración de sorteos para las escuelas (10 mil aulas este 2013 y 8 mil en 2014) que ha beneficiando a miles de ingenieros de cada localidad y a los suplidores de materiales. Y si bien no han faltado las quejas de empresas que se consideran afectadas por resultados de licitaciones, lo cierto es que al mes de octubre de este año los concursos realizados por diferentes instituciones alcanzaron la suma de RD$44 mil millones y la Dirección de Contrataciones está haciendo su tarea.

En materia de la presentación de los resultados presupuestarios, hoy se muestra mayor actualidad de los datos, y al respecto la Dirección de Presupuesto presenta en su página web los resultados del trimestre julio-septiembre con el comparativo de lo presupuestado versus lo ejecutado por institución y por función, gasto mensual y trimestral ejecutado, resultado presupuestario del trimestre y del periodo enero-septiembre; el gasto desde el punto de vista de la clasificación económica, institucional, objetal; comportamiento de las recaudaciones y fuentes de financiamiento. También, aunque menos completo, aparecen los resultados enero-octubre.

La cuenta única de Tesorería, una meta reiterativa en los programas con el FMI en los dos periodos precedentes, ha experimentado un avance extraordinario y 27 instituciones del Gobierno Central se han incorporado y eso ha permitido que en la Ley de Presupuesto para el 2014 se incluye la suma de RD$3,807.7 millones correspondientes a ingresos especiales de esas entidades que hoy pasan a engrosar la cuenta única, aunque ellas van a poder utilizar esos recursos ahora transparentados en la ejecución presupuestaria.

Avances importantes que están garantizando economías gracias a las licitaciones y los sorteos, reducción del tráfico de influencias, mayor transparencia, información más actualizada a los agentes económicos (ahora, por ejemplo, se conoce la evolución del déficit fiscal y no es necesario esperar varios meses a que concluya el año) y estos avances podrían permitir al Gobierno en una próxima etapa mejorar la calidad del gasto por la vía de una ejecución presupuestaria basada en planes estratégicos y resultados de las diferentes instituciones.