La suspendida jueza Awilda Reyes Beltré instó ayer al Ministerio Público a revelar los nombres de los demás implicados en el supuesto entramado que a lo interno del Poder Judicial habría negociado sentencias con personas ligadas al crimen organizado, y por lo que junto al exconsejero Francisco Arias Valera es procesada.

Dijo que si como afirmó en su acusación el entonces procurador general Francisco Domínguez Brito, en esa estructura hay exfuncionarios, exjueces, empleados y abogados, “entonces a esta mesa le faltan patas”

Reyes Beltré fue entrevistada mientras esperaba el inicio de la audiencia preliminar del proceso que por supuesta prevaricación se sigue contra ella y el renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial.

El caso fue aplazado para el 7 de septiembre porque la jueza de la Instrucción Especial, Ramona Rodríguez, decretó el abandono de Carlos Balcácer, defensor de Arias Valera, quien pidó aplazamiento para reflexionar si continúa o renuncia a la defensa por la conducta “desleal” de su cliente de acudir a la Nunciatura en procura de asilo político sin consultarlo.

Lógica elemental. Reyes explicó que en toda “estructura criminal”, como la que estableció el Ministerio Público, tiene que haber personas con distintas funciones y actividades, que deberían estar junto a ellos en el banquillo de los acusados para que la justicia determine si ciertamente había esa estructura, y por vía de consecuencia, determinar la responsabilidad penal de cada uno en particular.

“A menos que la estructura sea yo o el señor Arias Valera, entonces sería una estructura un poco mostrenca de dos personas, y no estaríamos hablando de una estructura, sino de cualquier cosa”, subrayó.

Manifestó que luego del cese de las presiones de que fue objeto al principio, y de que su caso no ha sido manejado conforme a las normas, se siente absolutamente tranquila.

Dijo esperar que lo que tanto se ha dicho respecto de que en la judicatura no hay interferencias ni internas ni externas, se ponga de manifiesto en este proceso.
Consideró que el intento de asilo en la Nunciatura y las denuncias del exconsejero, son propias de un ser humano bajo presión. “Todo el mundo sabe que la situación de precariedad, de tensión, de presión, como son estas cosas en las que uno está envuelto, pueden hacer que una persona en un determinado momento pierda el equilibrio, y él es un ser humano que como todos, tiene derecho a errar”.

Que busque defensor. La suspensión de la audiencia es para que Arias Valera contrate abogados privados o en su defecto, solicite un defensor público.

La jueza motivó su decisión en que esa audiencia tenía más de 45 días suspendida debido a sus vacaciones, lo cual es un derecho que le asiste; que Balcácer tenía la obligación de asistir ayer, y la excusa que envió en modo alguno justificó su incomparecencia.

Inmediatamente Rodríguez anunció su decisión, se retiró rauda mientras Arias Valera la conminaba a permanecer para que escuchara un pedimento suyo, al cual dijo, tenía derecho. Sin detenerse, le respondió que ya el tribunal decidió, y el imputado la encaró diciéndole que no podía terminar así el proceso.

“Nosotros sabemos lo que se mueve y vamos a pedirle que se inhiba”, alcanzó a decirle Arias Valera cuando ya Rodríguez había traspasado la puerta.

Una instancia de Balcácer, leída por su representante, Francisco Balcácer, refiere a la decisión de Arias Valera de acudir el lunes a la Nunciatura con el argumento de persecución, violación de derechos de defensa, presiones externas y otras, sin consultarlo.

Como descabellada fue calificada la solicitud de Balcácer por el fiscal Bienvenido Ventura, quien pidió que fuera rechazada por “improcedente, mal fundada y carente de base legal.

De su lado, los abogados de los querellantes y actores civiles, no obstante considerar una artimaña el pedimento, solicitaron a la jueza que otorgue un plazo de 48 horas para que Balcácer justifique su ausencia, lo que rechazó, porque ya él lo había explicado.