La Cámara de Cuentas reveló hoy que el Ayuntamiento del Distrito Nacional no cumplió con numerosas leyes en el manejo del mil 675 millones pesos.

Según una nota de prensa enviada por la entidad,  el cabildo tenía empleados que laboran en otras instituciones, pago de nómina por encima de lo establecido, impuestos retenidos y no pagados, retenciones aplicadas y no pagadas a la Tesorería de la Seguridad Social y ejecución de obras por debajo de lo que pide la Ley.

También pago de obras sin ejecutar, pago de obras iniciadas y no terminadas, pagos injustificados de obras terminadas, avance inicial de obras otorgados por encima de lo establecido, alquileres y rentas millonarias con documentación escasa, entre otras.

En el 2008 se detectó que el Cabildo utilizó más de RD$1,378 millones en gastos no contemplados en el presupuesto, recursos que debieron de ser invertidos en obras de infraestructuras y desarrollo social, según el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre Municipalidad.

Otra de las anomalías encontradas corresponde a pagos de rentas y alquileres por unos RD$126 millones, los cuales no presentan documentación que justificara dicho desembolso, así como la omisión de ingresos por casi RD$30 millones, alegando desconocimiento de los mismos, a pesar de que fueron confirmados por su tesorero.

El manejo impositivo fue otro señalamiento a la administración de Roberto Salcedo en 2008, pues según la auditoría, RD$33,9 millones fueron retenidos en impuestos y no pagados a la DGII, mientras que RD$ 9.5 millones se dejaron de percibir y liquidar.

Informe emitido por la Cámara de Cuentas

El informe reveló que otros RD$30 MM se retuvieron y tampoco fueron saldados a la Tesorería de Seguridad Social (TSS), con un total ascendente a los RD$75 millones.

Violación a Ley de Función Pública. En cuanto a violaciones a la Ley 41-08 sobre Función Pública, se identificaron 81 personas que devengaban salarios por un total de RD$18MM en el ADN y eran empleados en otras instituciones gubernamentales, como la entonces Secretaría de Educación, Deportes, pensionados civiles, activos del Ejército, Policía Nacional, entre otros.

Ejecución de obras. Otras inconsistencias, hacen referencia al sobregiro por más RD$15 millones al monto establecido como avance inicial para la ejecución de proyectos.

Igualmente, desembolsaron de forma no razonable unos RD$7 millones para pagos de fianzas, obras sin ejecutar, otras iniciadas y no terminadas; mientras que RD$6,9 millones fueron pagados de manera  injustificada a obras ya concluidas.

Además, se elevan por casi RD$20 millones otras incoherencias fiscalizadas en el Estado de Ejecución Presupuestaria del ADN en 2008, y estas abarcan excesos  en la nómina, violaciones a las leyes de compras y contrataciones, así como algunos acuerdos y desembolsos que contradicen lo establecido en dicho plan.

Todos los detalles concernientes a este dictamen pueden ser constatados  en el Informe de Auditoría No. 74-2010, presentado el 29 de mayo de 2009 por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

CCRD revela otras inobservancias en 2011. Otra auditoría practicada al Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2011 y publicada recientemente por la Cámara de Cuentas evidencia que en esa institución continuaba las inobservancias a leyes y reglamentos que rigen la función pública en la República Dominicana.

De acuerdo al nuevo escrutinio hecho del primero de enero al 31 de diciembre del 2011 evidencia errores en los registros contables e incumplimiento legales como son retenciones de impuestos no pagados a la Dirección General de Impuestos Internos, personal activo incluido en la nómina de otras instituciones, obras que presentan pagos mayores que los ejecutados, entre otros, actividades que sumaron un total de 80 millones de pesos.

La Cámara de Cuentas informó que dejar de reportar los impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) viola la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana; mientras que retener los pagos  de la Seguridad  Social, en perjuicio de sus  empleados, viola  los artículos  8  de la Constitución y 3 de la Ley  87-01 que  consigna  los  principios rectores  de la  Seguridad Social.

La Entidad Fiscalizadora comprobó la entidad municipal distribuyó bonos por la suma de RD$9,055,000.00 para ser utilizados en programas sociales de la institución, a través de los regidores y los departamentos, sin presentar anexos a los cheques que evidenciaran la distribución de los recursos y la identificación de los beneficiarios.

De acuerdo a los resultados del escrutinio,  el cabildo capitalino entregó al Consejo de Regidores   la suma de RD$ 7 millones en combustibles,  por medio de tickes prepagos, pero no se evidencian las firmas de recibidos,  como acuse de recibos de los mismos.

El Cabildo también compró equipos de transporte por RD$23.6 millones de pesos, sin colocar en las facturas el sello de pagado, lo que de acuerdo  las conclusiones de los auditores, puede provocar duplicidad de las mismas e incumplimiento de normativas.

Inversión en dietas y pasajes aéreos. Durante el periodo sujeto a examen, la entidad fiscalizada invirtió en pagos de dietas dentro de la República Dominicana más de 23 millones de pesos, en viáticos fuera del país 3.5 millones de pesos, pasajes aéreos 1.5 millones.

Los auditores también encontraron obras con pagos superiores a los trabajos realizados, cuya suma tuvo un valor de RD$3,039,049.00 (tres millones treinta y nueve mil cuarenta y nueve pesos).

Pago de sueldos a regidores que eran clasificados como viáticos dentro del país.

Retención de impuestos. El Cabildo capitalino  hizo retenciones a funcionarios, empleados y proveedores de bienes y servicios ascendentes a la suma de  RD$ 31 millones 897 mil pesos, pero no realizó los pagos a la Dirección General de Impuestos Internos.

De igual forma los auditores comprobaron que dicho Ayuntamiento retuvo RD$295,600 pesos por concepto del uno por ciento, que estipula la Ley de Pensión y Jubilaciones a los trabajadores de la Construcción, pero esos recursos no fueron enviados a la institución correspondiente.

De acuerdo a los datos suministrados por CCRD, en contraposición con las normas de contabilidad, el organismo auditado realizó una compensación por deuda corriente por un monto de más de 99 millones de pesos a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).
Empleados en otras nóminas. Asimismo fueron pagados salarios ascendentes a los 45 millones de pesos en favor de 522 empleados  que figuraban  en nómina de otras instituciones del Estado.
Contabilidad Gubernamental. Otro hallazgo de los técnicos de la CCRD, es que inobservando las normas de contabilidad aplicables al sector público, el organismo auditado tenía  en los renglones de pagados e improcedentes, cheques que se encontraban en tránsito y cuya suma ascendía a 10.4 millones de pesos.

El Ayuntamiento del Distrito además erogó en 2008 más de 14 millones de pesos por concepto de pago de alquiler de vehículos, cuyos contratos estaban vencidos.

Vehículos y combustibles. En el levantamiento hecho al ADN se confirmó que  el cabildo desembolsó 4.2 millones de pesos para la compra de combustibles, sin evidenciar los soportes de los tickes, ni el sello de pagados.

Asimismo encontraron en  poder de la alcaldía 22 matrículas y los vehículos a que corresponden no fueron identificados, pero  tampoco están contemplados  en la relación entregada a los técnicos de la CCRD.

Otra situación encontrada según los técnicos, es que  en la relación de equipos de transporte suministrada figura un minibús Mercedes Benz, pero quien figura como propietario es el síndico Roberto Salcedo.
Documentaciones faltantes. Dentro de la documentación que de acuerdo a los auditores hacían falta en el organismo intervenido, figuran planos con detalles, presupuestos, análisis de precios, bitácora de obra, fotos del proceso de construcción, informe de supervisión y cronograma del avance de las edificaciones.
Falta de permisos para construcción. Según detalló la CCRD, en  la construcción de la estación de bomberos del sector de la Ciénaga, los auditores  comprobaron  que la edificación carecía de la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y además,  que contrario al  20 por ciento que establece la ley, el cabildo intervenido entregó un avance del 50% de los recursos a pagar a los contratistas, lo cual alcanzo la suma de RD827, 035.

La auditoría mediante el oficio número 011337, arrojó que la  reposición de fondos en el cabildo capitalino superaba el 60 por ciento establecido por las reglamentaciones internas de la entidad edilicia.

La Auditoria evidenció un cheque de reposición por la suma de 2.4 millones de pesos, emitido a nombre de una persona que no era la custodia de esos recursos.