La ley define el ayuntamiento como la entidad política administrativa básica del Estado, con territorio determinado propio, y afirma que es una persona jurídica descentralizada, con autonomía política, fiscal, administrativa y funcional. Eso, en la práctica, es pura teoría. Los ayuntamientos han sido despojados de su autonomía y facultades, y financieramente están atados a la asignación de una proporción del presupuesto que jamás se les entrega completa. También han sido despojados de ingresos tributarios que se generan en sus demarcaciones, como el de las placas de vehículos, por ejemplo.
En vez de descentralizados, los ayuntamientos están cada vez más centralizados. Ni siquiera se benefician de los ingresos fiscales que producen las economías locales. ¿Cuánto recibe el ayuntamiento de Boca Chica en arbitrios por concepto de todas las fuentes de riqueza que hay en el municipio? No tienen ingresos suficientes para cubrir la demanda de servicios, y por la misma causa, las obras que deben ejecutar las construye el Gobierno Central.
Representantes de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo estuvieron en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Insuficiencias y planes sin materializar fueron expuestos de manera elocuente. Los ayuntamientos no son en la práctica lo que dice de ellos la ley.

El Estado como gran evasor

Si la ley ha de entrar por casa, las 195 instituciones públicas que han estado evadiendo pagos a la seguridad social por cerca de RD$10,000 millones deberían estar en primera línea para pagar consecuencias. Algunas de esas entidades tienen atrasos de hasta 79 meses (seis años y medio) sin pagar un centavo a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Esta ocurrencia coloca al Estado en igualdad de condiciones con entidades privadas que cometen elusión y evasión en perjuicio de la seguridad social.
No hay diferencias de fondo entre una institución pública que no transfiere las cotizaciones a la TSS y una razón social privada que falsea salarios y se vale de otras artimañas para pagar menos de lo que corresponde por el mismo concepto. Es hora de poner en práctica la regla que dispone que la ley debe entrar por casa.