Baez Figueroa y Alvarez Renta
Tribunal dispone mayor culpabilidad en fraude banco

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El conocimiento del juicio seguido a los imputados en el fraude de Baninter, uno de los más importantes de la justicia dominicana en los últimos tiempos, se extendió por 18 meses, tiempo en que fueron celebradas 105 audiencias.

POR TANIA HIDALGO

Ramón Báez Figueroa y Luis Alvarez cargaron con la mayor pena en el caso de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), ya que la condena de Marcos Báez Cocco está pendiente de conocimiento.

En tanto, Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa fueron absueltos por el Primer Tribunal Colegiado por insuficiencia de pruebas.

  El tribunal, presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado por Pilar Rufino y Gisselle Méndez, tuvo a su cargo el conocimiento del fraude que, en principio, se estimó en 55 mil millones de pesos, pero luego la Autoridad Monetaria y Financiera  determinó que el monto real era de 74 mil millones de pesos.

El grupo estaba acusado de haber incurrido en ocultamiento, adulteración, abuso de confianza y lavado de activos, provocando la quiebra de la entidad financiera.

De acuerdo al acta de acusación presentada por la Autoridad Monetaria y Financiera y el Ministerio Público, los imputados utilizaron un sistema de registro irregular que les permitía  la realización de transacciones a su favor  y de empresas vinculadas fuera de los libros oficiales.

Esto se hacía, sostiene la parte acusadora,  mediante la transferencia automática de depósitos del banco a los libros del sistema llamado “interbanco”,  ocultando al cierre del día el monto del sobregiro que originaban dichas operaciones.

Según el acta de acusación, Báez Figueroa, en su calidad de presidente de Baninter, tuvo acceso a fuertes sumas de dinero, parte de las cuales fueron destinadas a pagar sus gastos personales, sin que nunca se repusieran los fondos retirados, toda vez que la cuenta bancaria que servía de instrumento para tales fines funcionaba con sobregiros y débitos que eran teórica y electrónicamente saldados pero no verdaderamente pagados.

Asimismo, se indica que  el imputado utilizó capitales propiedad de Baninter para empresas vinculadas.

En cuanto a   Báez Cocco, las autoridades indican en el acta de acusación que este imputado  incurrió en una serie de actuaciones dolosas en perjuicio de la entidad, las cuales, en su mayor parte, consistían en concretizar, ordenando y ejecutando, la salida sin retorno de los fondos del quebrado banco.

Además se le acusa de participar en el “saneamiento” de las empresas creadas para la extracción de fondos y la utilización de los dineros del Baninter para la cobertura de sus gastos personales.

La acusación indica que  Báez Cocco tuvo una participación activa  en las operaciones de cancelaciones de préstamos a través de memorandos confidenciales.

En torno a Lubrano de Castillo se le acusa de haber tenido una participación similar a la de Báez Cocco.

Indicaron que la ex banquera participó de forma directa en la emisión de recibos de descargo a favor de los vendedores de la Editora Listín Diario y de las empresas relacionadas con éstos, por obligaciones que ellos tenían con Baninter, sin que dicho banco hubiese percibido efectivamente los valores para liquidar esas obligaciones. Asimismo, que procedió a emitir certificados de depósitos de Baninter a favor de los vendedores y de empresas relacionadas con ellos, sin que entrase a las arcas de la entidad un centavo, convirtiéndose la entidad de esta forma, en deudora de dichos certificados y, consecuentemente, en avalista de todas las obligaciones que contraía Bear Park International Ltd., en el contrato de compraventa de esas acciones”, indica.

Otras de las operaciones en las que alegadamente la imputada compromete su responsabilidad penal es la relativa al Proyecto de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

Sobre Luis Alvarez Renta alegaron que participó de forma activa y personal en un elevado número de operaciones, por medio de las cuales fueron extraídos de las arcas del Baninter miles de millones de pesos y varias decenas de millones de dólares.

Señala que esas extracciones de fondos fueron realizadas por el financista directa o indirectamente, mediante el control ejercido por éste en las empresas utilizadas al efecto, a través de cartas de crédito, sobregiros, transferencias internacionales, avales de préstamos en bancos extranjeros, préstamos sin ningún documento de soporte, entre otras modalidades.

Indican que el economista luego de haber realizado la aludida extracción de  fondos trató “sanear” los mismos, a través de las entidades Bank Invest, Ultra Import,  Sippany Holdings,  Inter Duty Free, Ltd., entre otras”.

En torno a Jesús María Troncoso Ferrúa, la parte acusadora sostiene que éste  tuvo una participación principal en la cadena de hechos fraudulentos detectado por las autoridades.

“Al examinar los elementos probatorios existentes en el presente caso, nos encontramos con que nada de lo ocurrido hubiese podido llevarse a cabo sin una persona que se hiciese cargo de los amarres legales pertinentes” indica el acta de acusación.

Juicio Baninter: inicios

El   juicio Baninter se inició el tres de abril del 2006, luego de que la Suprema Corte de    Justicia (SCJ)   remitiera el caso al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. En mayo de 2003, el entonces gobernador del Banco Central, José Lois  Malkun, anunció en el Palacio Nacional sobre un fraude detectado en la entidad financiera ascendente 55 mil millones de pesos  . Las pesquisas del caso estuvieron a cargo del entonces juez del Séptimo Juzgado de  Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, quien determinó que existían indicios serios, precisos y concordantes que comprometían la responsabilidad penal de Báez Figueroa y  Báez Cocco. Los demás imputados fueron favorecidos con un auto de no ha lugar. Esta decisión fue recurrida en apelación y una Cámara de Calificación  dispuso el envío a juicio de fondo de todos   los imputados, con excepción de  Troncoso Ferrúa. Esto provocó que se interpusieran un recurso de casación  que llevó al máximo tribunal de justicia a disponer que estos jóvenes jueces  de primera instancia conocieran  de la acusación.


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