En 2017 Barrick Pueblo Viejo pagó al Gobierno RD$16,000 millones por concepto de una serie de impuestos especiales por las operaciones mineras, pero esa empresa de capital canadiense no domina ni es de su incumbencia la forma en que las autoridades distribuyen parte de esos recursos en las comunidades cercanas a la mina, como establece la Ley de Medio Ambiente.
Esa consideración fue expuesta por Juana Barceló, presidenta de esa compañía, quien en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio destacó que esa minera canadiense cumple con todos los acuerdos contractuales que tiene con el Estado dominicano.
“No entregamos porcentajes para las comunidades, lo que pagamos son una serie de impuestos especiales que establece el contrato: el Impuesto sobre la Renta, una regalía que es un impuesto sobre las exportaciones brutas, un impuesto sobre los flujos netos, y un impuesto que depende de los precios del oro.
“Nuestro acuerdo con el Estado es el pago de esos impuestos, nada más”, refirió Barceló al responder a cuestionamientos que hacen organizaciones comunitarias sobre la falta de cumplimiento con la ley ambiental.
El Bloque de la Unidad por el Desarrollo de Cotuí y Sánchez Ramírez afirmó en un comunicado que se ha hecho difícil que esas comunidades reciban el 5% de los beneficios netos de la empresa, según establece la Ley de Medio Ambiente, y que el Gobierno se ha puesto de acuerdo con la minera para quedarse con más de RD$3,200 millones que debieron invertirse en proyectos de desarrollo.

La explotación de oro y otros metales en la mina de Pueblo Viejo está basada en un Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), que entre otras prerrogativas faculta a la minera a pagar al Gobierno central el 5% de sus ganancias que debería entregar al municipio donde se explota el yacimiento, tal y como ordena la Ley de Medio Ambiente.
Operaciones no contaminantes. Barceló asegura que las operaciones que realiza la minera se llevan a cabo con un apego estricto a estándares de calidad que permiten reducir sustancialmente la contaminación.
Al hacer la afirmación dijo que la zona tenía un pasivo ambiental muy grande dejado por la empresa Rosario Dominicana, que operaba la mina.
“ De hecho, la razón principal por la cual el Estado dominicano decide iniciar un proceso de licitación internacional era por el hecho de que no tenía los fondos para remediar la situación de la zona dejada por anteriores mineras.
“Pero desde que llegamos lo que hemos hecho es remediar pasivos ambientales que no fueron dejados por nosotros, sino por antiguas operaciones.
Barceló dijo que el trabajo de remediación que hace la Barrick se evidencia en el río Margajita, que estaba contaminado por aguas ácidas y hoy muestra aguas cristalinas.
Sobre el particular también se refirió Luis Santana, gerente de operaciones de la minera, quien destacó que Barrick Pueblo Viejo y el Gobierno dominicano acordaron invertir US$99 millones en remediación ambiental, y de esos esa empresa destinaría US$75 millones voluntariamente y el Gobierno los restantes US$24 millones.
“De esos 75 millones de dólares la empresa ya ha invertido 13 millones, y tenemos un plan conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, para en los próximos tres a cinco años completar el proyecto”.

Barceló insistió en el compromiso de la empresa con la protección ambiental, y sobre todo con la transparencia.
“La realidad es que, lejos de contaminar el medioambiente, lo que nosotros hemos hecho es remediar la zona, hemos invertido millones y millones de dólares en remediación mucho antes de producir la primera onza de oro”.
En ese sentido dijo que si bien las operaciones de la empresa comenzaron en 2013, desde el 2009 se esgrimen argumentos sobre prácticas contaminantes.

“Otro punto importante es que las comunidades que siempre alegan contaminación están aguas arriba de nuestras operaciones; y además cuando comenzaron las operaciones de la Barrick había en la zona 35 familias, hoy hay 1,300, entonces si estamos contaminando por qué la gente va a ese lugar”, expresó la ejecutiva en el encuentro.