Uno de los hechos sociales, de mayor relevancia en estos días, fue la presentación, por parte de la Mesa Intersectorial de Género, de un anteproyecto de ley para la regulación del trabajo doméstico remunerado.
El objetivo es que las trabajadoras del hogar cuenten con un horario de trabajo que no supere las ocho horas al día y 44 a la semana, vacaciones remuneradas, pago de horas extras, licencia por maternidad, establecimiento de un salario mínimo, contrato de trabajo escrito y seguridad social.
Además, un descanso semanal obligatorio de 36 horas continuas para aquellos trabajadores domésticos que duerman en la casa de su empleador y un periodo no menor a 14 horas consecutivas al día.
De igual manera, se aspira a que descansen los días feriados, o, de lo contrario, que se les paguen adicional.
En mi caso, estoy de acuerdo con estos requerimientos porque las trabajadoras merecen que se les cumplan todos y cada uno de sus derechos, debido a que, aunque muchos de sus empleadores no lo entiendan, ellas también son gente.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que esta garantía de derechos aumentará la presión económica sobre la clase media baja y alta que suele usar estos servicios ante la necesidad de disponer de ayuda en el hogar para el cuidado de los niños y las labores domésticas, mientras trabajan.
Hablamos de un sector con presión tributaria alta y salarios limitados (El 57% de los trabajadores gana menos de RD$10,000 y 65% menos de RD$15,000, datos de la Tesorería de la Seguridad Social). Esto implica que aunque cuenten con la voluntad y conciencia de que su servicio doméstico merece estas conquistas, hay quienes no podrán costearlo. Y es que la plusvalía y rentabilidad que generan los trabajadores domésticos no se compara con la de quienes laboran para medianas y grandes empresas que sí tienen condiciones para garantizarles todos estos derechos.
¿Qué hacer entonces? ¿Continuar violando los derechos de las trabajadoras domésticas? ¡No! ¡Jamás! Aquí se requiere que el Estado dominicano intervenga creando condiciones sociales, que constituyen derechos fundamentales, y que de ser garantizados contribuirían a aliviar la carga económica y social de los hogares de clase media baja y media alta.
Entre estos están: seguridad social, estancias infantiles, educación y salud gratuitas, pero de calidad, transporte público digno y eficiente, seguridad ciudadana, agua potable, entre otros.