La racionalidad política nos indica que cuando a un gobierno le paralizan todas las actividades de un país, en reclamo y petición de cambios en sus políticas, ese gobierno necesariamente tiene que prestar atención a las demandas.

Pero si el país es paralizado en dos ocasiones, en pocos meses, entonces el gobierno tiene que ser presto, ser rápido, ser flexible y audaz, porque esos signos indican que se está en medio de una crisis profunda o la misma está en un alto nivel de gestación.

Pero, sorprendentemente, los dominicanos han declarado dos huelgas nacionales –una de 24 horas de duración y la otra de 48– en pocos meses y el gobierno ha querido no darse siquiera por enterado.

Todos los sectores de la vida nacional se han pronunciado, absolutamente todos. La prensa extranjera se ha hecho eco de los reclamos y ha publicitado ampliamente los detalles y las fotografías de ambos paros, los sociólogos, politólogos y analistas locales han analizado los paros, también los dirigentes políticos y los principales líderes religiosos. Las agencias evaluadoras y los organismos internacionales toman nota y dejan saber sus preocupaciones, pero el gobierno y sus principales líderes y burócratas parecen no darse por enterados.

Las pocas declaraciones previas y las reacciones posteriores conseguidas de importantes figuras gubernamentales, incluyendo las del ciudadano Presidente de la República, están dirigidas a restar calidad a los organizadores de los paros, a condenar el apoyo implícito del empresariado y a sindicar a determinados partidos políticos que real o supuestamente financian los movimientos huelgarios.

Pero sobre el fondo de las jornadas de inconformidad social, sobre las demandas de las organizaciones convocantes, los grupos populares y los sindicatos, nada, absolutamente nada dicen. El Presidente Mejía ha interpretado los reclamos como acciones de chantaje, y nada más.

Hay que decir que este es un comportamiento muy extraño, pocas veces visto en los ejercicios de gobierno. Contraviene, por lo demás, todas las enseñanzas de las ciencias políticas y parece expresar, además, una desconexión casi absoluta entre los gobernantes y los gobernantes.

Ocurre que la sociología política nos enseña que un sistema político es, en esencia, un dispositivo o balance de las ofertas y las demandas sociales. Cuando las demandas de la población no pueden ser satisfechas, por la razón que fuere, entonces ese sistema entra en crisis. En nuestro caso, es evidente que hay una larga lista de peticiones y reclamos de parte de casi todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente económicas. Hay cientos de demandas insatisfechas, no las que podríamos llamar de origen estructural, sino creadas por las acciones y políticas de la presente administración.

El gobierno ha querido, casi de manera coercitiva, convencer a la población sobre unos orígenes de la crisis que la población organizada en la opinión pública no ha aceptado. El gobierno y sus voceros más calificados creen que la depreciación de la moneda, la inflación, el desempleo y la consiguiente detención del progreso se deben a factores externos, a la quiebra de varios bancos comerciales y a la especulación de los manejadores de divisas.

La respuesta de los profesionales de la economía, de las entidades empresariales, de los sindicatos, de los grupos populares y de la sociedad civil, de importantes sectores de las iglesias cristianas y de no pocos analistas de prensa señalan, contrariando la posición oficial, que el país logró superar de forma exitosa la crisis originada el 11 de septiembre, pero que el manejo inadecuado, imprudente, contrario a la legislación vigente y poco transparente de la crisis de los bancos, así como la política económica del gobierno –ingresos, gastos y endeudamiento externo–, son los principales factores que explican la profunda crisis que tiene de rodillas a la mayoría de las familias del país.

El mismo gobierno ha visto como todos sus planes, incluyendo aquellos por los cuales había mayor interés o prioridad, han tenido que ser paralizados. Porque el gobierno apenas cuenta, técnicamente, con dinero para pagar los empleados públicos. Hasta para cumplir con el imprescindible clientelismo y prebendalismo ha habido que hacer malabares.

Las huelgas nacionales han sido, en efecto, las más grandes respuestas que ha recibido el gobierno a sus interpretaciones y actuaciones frente a la crisis. Pero el gobierno no ha querido darse por enterado. Esta indiferencia, sin embargo, es irrelevante a la crisis. Esta sigue existiendo y continúa profundizándose.

Un gobierno más flexible, más conciliador, más tolerante y menos autoritario hubiera reclamado, aunque fuere, mayor comprensión pública a sus esfuerzos y a sus iniciativas, como por ejemplo su decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional, renegociar la deuda externa y buscar fondos en los organismos crediticios. Pero este modelo “atípico” de gobierno no conoce que el Estado democrático es, por definición, convergencia de intereses, negociación permanente entre gobernantes y gobernados. O, como dice la sociología política, un dispositivo donde concurren las demandas y las ofertas sociales.