El administrador de Bienes Nacionales, Bienvenido Brito, afirmó que si la Cámara de Diputados termina convirtiendo en ley un proyecto que exoneraría del pago de viviendas asignadas por el Estado a familias pobres, propiciaría la desaparición de instituciones estatales.

Brito consideró que desaparecerían el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), lo que desvirtuaría la acción del Estado, ya que los legisladores pasarían a proteger negocios inmobiliarios alrededor de los proyectos habitacionales construidos por el Estado.

El funcionario y secretario de Estado dijo que el proyecto de ley aprobado por el Senado y que se haya en la Cámara de Diputados «apoya, estimula y propicia la cultura del mala paga en la conciencia nacional, premiando a los ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones contractuales de pago».

El proyecto que fue aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados y pasó al Senado donde perimió pero fue retomado y aprobado en dos lecturas y remitido de nuevo a la Cámara de Diputados. Es una iniciativa del diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) por el Distrito Nacional.

Sostiene Brito que las viviendas construidas por el Estado están tasadas “por debajo del 25% del precio de la renta actual, de una casa o apartamento».

Dijo que una vivienda construida por el Estado «está exonerada del pago del terreno que ocupa, en el caso de los habitacionales promovidos por la Administración General de Bienes Nacionales».

«De ser convertido en ley el proyecto aprobado por el Senado, el INVI colapsaría, pues se descapitalizaría; el INAVI estaría en una situación calamitosa y los fondos de los empleados públicos para su seguridad social, se diluirían», afirmó Brito en una comunicación enviada a la Cámara de Diputados.

Afirmó el funcionario y ex Contralor General de la República, que el decreto número 452-02 «beneficia al 76% de los usuarios de viviendas construidas por el Estado, 23,000 exoneraciones totales de pago de los habitacionales, cuyo valor estaba por debajo de los RD$150,000 y 11,000 beneficiarios que habían sufrido un procedimiento de desalojo».

«Tan solo menos de 3,500 beneficiarios serían afectados por el indicado decreto 452-02», dijo.

Expresó que «esto que llamamos afectados, no es más que un trato subvencionado de sus viviendas, que realmente son privilegiadas en todo eso».

«Se trata de beneficiarios de clase media y clase media alta, el grueso de los cuales ya no viven en esas viviendas, pues tienen alquilados unos y las otras las han traspasado con un beneficio indebido, contrario a los intereses nacionales y específicamente del Estado Dominicano», declaró Brito.

Indicó que «con los recursos obtenidos del cobro de estos habitacionales se financia el programa de mejoras de viviendas a los más pobres en su propio hábitat a través del INVI».

Sostuvo que el proyecto de ley pendiente de discusión en la Cámara de Diputados «es contrario a la Constitución, por cuanto afecta el estatuto jurídico pasado y la Ley no sólo es válida para el porvenir, no tiene efecto retroactivo, lo que implica una nulidad de su aplicación, por cuanto toda ley o parte de ley, o decreto contrario a la Constitución, es nula de pleno derecho».

«Los escarceos de los legisladores, comprometidos con los negocios en los habitacionales, han llevado los cobros en agosto del 2002, de un promedio de RD$25,000,000 a menos de RD$15,000,000 en octubre del 2003, desde que fue aprobado el proyecto de ley de apología a los incumplidores del pago de viviendas, cuya asignación es un privilegio irritante», dijo.