La expresión “quien hizo la ley hizo la trampa” parece haberse originado en el convencimiento colectivo de que a los legisladores, y no precisamente los congresistas, sino también abogados, intelectuales, representantes de organizaciones populares y comerciantes que inciden en la elaboración de reglas generales para la sociedad, por estar involucrados en los procesos de discusión y análisis de los reglamentos, les resulta más fácil encontrar vías de vulnerabilidad para las leyes. Sin embargo, la historia universal nos ha enseñado que burlarse de las leyes o blindarse contra ellas no es privativo de quienes contribuyen en su creación.
La carrera de endeudamiento irresponsable de nuestra nación, protagonizada en forma irresponsable por diferentes gobiernos, los casos de corrupción administrativa, la compra-venta del territorio dominicano, el aniquilamiento de la producción nacional en beneficio de grandes importadores, no encuentran respuesta punitiva por el blindaje que aquí y en otros países proporcionan tres factores: La política, el poder y el dinero, que en forma separada o conjunta destrozan los mecanismos legales establecidos en la Constitución y las leyes para prevenir o castigar las maniobras dolosas contra el patrimonio público, que generalmente son realizadas por personajes perversos y políticos corruptos traficantes de influencia, ambos revestidos del poder que dan los cargos públicos y el dinero sucio.
Hay que continuar rescatando el poder del pueblo y su carácter soberano, favoreciendo el surgimiento de un liderazgo no contaminado por la politiquería clientelista, el dinero o el tradicionalismo que pretende reciclar rancios liderazgos. No perdamos la esperanza de poder levantar, con las manos unidas del pueblo, en un futuro no muy lejano, a un segundo Peña Gómez o a un nuevo Juan Bosch.