Boca de Cachón: eslabón perdido

Boca de Cachón: eslabón perdido

De vez en cuando la continuidad del Estado cae en pausas más prolongadas que lo razonable, y entonces lo que se perfilaba como estímulo para el progreso se transforma en penuria y más pobreza. La gente asentada en Boca de Cachón y otras comunidades de Jimaní está anclada en la espera de que el Estado haga su ejercicio de continuidad y le provea de la tierra necesaria para sembrar y agua para regar la cosecha, que son las dos herramientas que necesitan para ganarse el sustento de la familia y que el Gobierno les prometió.
Si el Estado cumplió una parte de su responsabilidad al rescatar a esta gente de las zonas anegadas por el Lago Enriquillo, que les dejó sin hogar ni medios de sustento, qué le cuesta completar la obra dándole a las familias reubicadas lo necesario para producir y tener movilidad económica. La gente sigue esperando por los asentamientos Los Guzmán y Cerro Colorado para cultivo y crianza de ganado, y así poder mitigar la aguda pobreza.
Hay que poner en marcha los sistemas de riego necesarios y poner en la mano de los productores todo lo que necesitan para integrarse a sus medios habituales de producción agrícola y pecuaria. Un Estado no puede perder la continuidad cuando está de por medio una situación que genera pobreza entre familias que quieren levantarse de la postración.

Retroceso social y jurídico

El nuevo Código Penal coloca al país en una situación embarazosa, pues al prohibir sin excepción la interrupción del embarazo, no sólo reconoce derechos fundamentales de la mujer, sino que contradice la posición nacional asumida al firmar tratados, acuerdos y declaraciones internacional que tienen por propósito la defensa de los derechos de la mujer. El representante de la ONU en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, considera que con la aprobación de ese aspecto del Código Penal, la República Dominicana ha dado un paso de retroceso.

El Poder Ejecutivo debería ponderar el impacto que a nivel internacional puede tener ese aspecto del Código Penal que nos coloca en una posición ambivalente en lo que concierne a los derechos fundamentales de la mujer y las formas de protección que debe garantizarle el Estado.

 

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