El superintendente de Valores (SIV) expresó ayer que el caso de quiebra de la Corporación Delta Intur y la queja de los bonistas a los cuales se les debe más de RD$1,300 millones está ahora en manos de los tribunales judiciales y por eso ya a esa entidad no le corresponde manejar el caso.

Gabriel Castro explicó que la SIV tomó 11 acciones contra Delta Intur, entre ellas intervinieron sus oficinas, y la más importante para proteger a los inversionista fue suspender las transacciones de esos bonos, que permitió que los bonos no se transformarán en basura o con valor nulo.

Dijo que la SIV fungió de mediador entre los abogados de los bonista y de Delta Intur para que los bienes e inmuebles millonarios que tiene esa entidad se vendieran y se les pagará a los accionistas. Sin embargo, esto no fue acogido por los abogados de los bonistas y decidieron poner una instancia en los tribunales judiciales, quienes actualmente trabajan en el proceso, por lo que deben esperar sus conclusiones. Dijo que default o quiebras en el mercado ocurre en todos los países, al igual que en República Dominicana.