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La Comisión Europea propuso ayer una nueva normativa comunitaria para que todas las empresas de más de 50 empleados cuenten con canales internos que permitan a los trabajadores denunciar un caso de corrupción o una ilegalidad «que afecte negativamente al interés público», y que estos reciban el mismo nivel de protección en todos los Estados miembros.
La propuesta legislativa presentada por Bruselas pretende evitar las amenazas y asegurar la protección jurídica a denunciantes a través del establecimiento obligatorio de canales seguros de denuncia tanto a nivel interno (en la empresa) como externo (autoridades competentes) para informar de ilegalidades en diversos ámbitos, desde las finanzas hasta la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.
La normativa obligaría a la compañías a designar una persona o un departamento responsables de recibir y dar respuesta en un plazo de tres meses a las denuncias de un empleado así como de informar a éste los procedimientos legales, mientras que los Estados miembros deberán establecer qué autoridades serán las competentes para tratar las denuncias y designar personal y canales «accesibles» distintos de los sistemas de queja.
La Comisión prevé un sistema de denuncia a tres niveles, de manera que el trabajador haga primero la denuncia a nivel interno, y tras ello informe a las autoridades públicas competentes si esos canales internos no funcionan o prevé que esta acción pueda poner en riesgo la efectividad de una investigación -por ejemplo si cree que alguien de la empresa va a destruir pruebas.
El último nivel pasaría por informar a medios de comunicación o al público en general si las autoridades públicas no responden en un plazo razonable de tres meses -seis para los casos más complejos- o en el supuesto de un peligro «inminente o claro» para el interés público o un daño «irreversible».
Asimismo en caso de que se produzcan amenazas hacia el denunciante, la carga de la prueba recaerá en la persona u organización que deberán probar que no están infligiendo amenazas o coacciones contra el trabajador que ha denunciado una irregularidad. Por otro lado, los denunciantes se beneficiarán de una protección reforzada en el procedimiento judicial de manera que no podrán ser acusados de ser los responsables de revelar las informaciones.
Esperan que la nueva normativa obtenga el visto bueno del Parlamento y el Consejo cuanto antes para que sea finalmente adoptada «antes de las elecciones europeas» de mayo de 2019, según dijo Timmermans en rueda de prensa. Bruselas pretende así responder con mecanismos legales a los últimos escándalos de revelaciones como el de Facebook y Cambridge Analytica, los llamados Papeles de Panamá o el Dieselgate.
