Las alzas de combustibles, derivadas de cotizaciones ascendentes en el exterior y de un régimen impositivo que acentúa el encarecimiento, han repercutido con violencia de paros en el transporte, obstáculos callejeros y agresiones de manifestantes en el entorno propicio al desorden de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los motivos detrás de estas protestas son atendibles socialmente pero lo que procede es acogerse a un diálogo con las autoridades que pueden tomar decisiones para, al menos, atenuar las subidas de precios que tienen un componente externo sobre el cual nadie en este país tiene control: el petróleo. Sorprender a los usuarios con negación de servicio al tiempo de sembrar caos en las calles para impedir el tránsito de forma generalizada, lesio el orden público creando riesgos de peores hechos y expandiendo injustamente el dañino efecto de las alzas.
Los operadores de una parte del transporte dan motivos para que la opinión pública reaccione contra ellos por suprimir unilateralmente la capacidad de trasladarse por la ciudad que como derecho asiste a un número de ciudadanos que supera en mucho al sector de dueños de vehículos públicos. Procede escucharles y buscar fórmulas que reduzcan costos por importación y comercialización de combustibles y el peso de gravámenes sin dejar de reconocer que lo esencial es que el valor del crudo escapa a la voluntad del Gobierno.

Temblores y previsiones

La inestabilidad de placas tectónicas en la región del Caribe se hizo sentir con destrucciones y muertes en Haití y algunos daños más en el país donde al menos un local municipal quedó inutilizado en la zona de Montecristi, y un preocupante número de escuelas públicas sufrió daños no tan significativos. Los resultados de las sacudidas justificarían una revisión de las estructuras afectadas como señal para el futuro.

Debe establecerse el grado de vulnerabilidad que podrían registrar otros edificios, sobre todo de propiedad estatal, por la forma en que fueron construidos, siguiendo quizás un mismo patrón que la naturaleza acaba de poner a prueba. La vigencia del código antisísmico es fundamental para garantizar resistencia y convendría saber si la supervisión de ley ha tenido el alcance efectivo que demandan los riesgos.