La urgencia de modificar el Código Procesal Penal (CPP), el llamamiento a que sea aplicado en su totalidad y el argumento de que la legislación ha incidido en la alta inseguridad ciudadana que afecta el país, fueron los planteamientos de juristas, legisladores, representantes del Ministerio Público y de la sociedad civil, que evaluaron ayer la ley al arribar a su décimo aniversario.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, argumentó que la justicia está secuestrada por la burocracia, lo que impide que los actores del sistema trabajen unidos para la aplicación efectiva del Código.

Recalcó que a 10 años de haberse promulgado el CPP no se ha logrado un consenso entre quienes tienen el deber de aplicarlo, por lo que llamó a cuestionar si el problema es el Código o quienes deben usarlo.

Sostuvo que el Código anterior era de instrucción criminal y los casos perimían porque duraban hasta ocho y 10 años en el proceso. Señaló que esa situación se ha superado con el actual Código Procesal.

También criticó que a los policías no se les capacitara igual que a los jueces y fiscales para aplicar el CPP y que esto cause problemas en la instrumentación de los expedientes acusatorios.

Modificación. Reynoso entiende que es necesario modificar el Código, pero aclaró que no es la pieza la causante de la inseguridad en el país. “La justicia es una de las variables que inciden en la inseguridad, pero este es un problema multifactorial”, observó.

El diputado Vinicio Castillo Semán piensa contrario a Reynoso, que el CPP ha incidido en el agravamiento de la inseguridad ciudadana. Según su planteamiento, el ultragarantismo de protección al imputado y la debilidad en el sistema genera una pérdida del temor a delinquir y a infringir las leyes.

Reynoso apuntó: “En República Dominicana el temor a la sanción no existe o es muy mínimo”.

La fiscal del Distrito Nacional dijo que tiene que empezar a haber un temor a la sanción, que se aplique respetando derechos fundamentales pero que ni los políticos, ni los empresarios, ni los humildes sientan que pueden escapar de la sanción. Dijo que si hay pruebas debe haber pena sin importar quien sea el infractor de la ley.

En ese mismo tono se expresó Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), quien citó como culpables de la criminalidad y la delincuencia a la marginalidad y la exclusión social.

Tanto Reynoso como Sosa insistieron en que debe haber independencia para los actores del sistema en sus acciones administrativas, pero que todas las entidades que lo conforman deben tomar medidas conjuntas.

La titular de PC cuestionó que la justicia no se aplique igual para ricos y pobres. “Las cárceles están llenas de pobres, negros y hediondos”, afirmó.

Criticó que los jueces tengan un semáforo para decidir contra quien se aplica justicia y subrayó que actualmente la impunidad se disfraza con una orden de archivo definitivo.

No apoya la modificación. La abogada Rosalía Sosa consideró que no se puede reformar un Código cuando no está totalmente implementado. Observó que de esa ley no se ha aplicado ni el 50% y que aún sobreviven viejas prácticas del antiguo Código.