Buscan garantizar energía eléctrica a instituciones

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Los ministerios de Hacienda y de Energía y Minas firmaron una resolución conjunta para crear un modelo que garantice el suministro de electricidad permanente a las instituciones que ofrecen servicios públicos, tales como hospitales, escuelas, cuarteles policiales, asilos y el alumbrado público.
El acuerdo, rubricado por los ministros de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, indica los criterios que se utilizarán para la determinación de las Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC), entidades a las que no podrá interrumpírseles el servicio de energía, así como el establecimiento de la regulación de su facturación y pagos.
Para ser incluidas en la categoría IGNC, las instituciones gubernamentales cuyas actividades se enmarquen dentro de los servicios de seguridad ciudadana, defensa nacional, atención de la salud, educación, transporte de pasajeros, manejo del agua potable para fines de riego o alumbrado público deberán presentar una solicitud fundamentada y por escrito al Ministerio de Energía y Minas.
En un plazo no mayor a los 90 días desde la recepción de la solicitud, ambos ministerios responderán por escrito mediante una comunicación conjunta con las debidas justificaciones de su decisión.
Como órgano rector de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda se compromete al pago directo a las empresas distribuidoras de electricidad de aquellas facturas de suministro eléctrico de las IGNC, que hayan excedido su presupuesto anual aprobado para gasto eléctrico, con cargo a los fondos disponibles de las apropiaciones presupuestarias de la institución del cual se trate en el año considerado.
Antes del 30 de abril de cada año, las IGNC deberán presentar al Ministerio de Energía y Minas planes de ahorro de energía que incluyan las medidas a tomar y una proyección del consumo de energía para el año subsiguiente.
El acuerdo establece que en ningún caso los fondos asignados a las IGNC para proyectos de eficiencia energética serán mayores a los montos equivalentes a los ahorros en el consumo de energía proyectados o efectivamente logrados con los proyectos de eficiencia energética ejecutados.


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