El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente que salió a la palestra esta semana es un esfuerzo de decenas de instituciones sociales y académicas que pretenden rescatar los reiterados planteamientos de amplia concertación para un plan de nación, puestos en jaque por el proyecto de Constitución del presidente Leonel Fernández.

La aprobación de una nueva Constitución sin previo consenso  ni siquiera en el mismo partido de gobierno frustraría los consensos nacionales de la última década, el mayor de los cuales ha sido la reivindicación del  poder constituyente como amplia expresión de una democracia participativa.

La dispersión e inconsistencia de los partidos de oposición y el adormecimiento en que ha caído una parte significativa de la sociedad civil son caldo de cultivo de un proyecto de exclusión e imposición que reafirma el presidencialismo y otros valores conservadores de la sociedad dominicana.

Esfuerzo de rescate

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente, lanzado esta semana por varias decenas de organizaciones sociales y académicas pretende el rescate de la concertación nacional para un plan de nación que debería comenzar con una nueva Constitución de la República fruto de una amplia participación democrática, que deje atrás una historia de imposiciones del poder constituido.

Denunciando que el proyecto del presidente Fernández ha desconocido todos los consensos de las últimas dos décadas para una Constitución moderna que abra curso a un plan de nación democrática y participativa, dirigentes sociales y académicos proclamaron formalmente el jueves su decisión de luchar por reivindicar la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental de la nación.

El objetivo primario del foro fue expuesto en un acto celebrado en el Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo encabeza junto a académicos de otras universidades, de la Academia de Ciencias y de organizaciones de diversos ámbitos sociales, como el movimiento Participación Ciudadana, el Foro Social  Alternativo, la Asociación Dominicana de Profesores y un amplio consorcio de entidades femeninas. Confluyen también agrupaciones políticas de izquierda y núcleos del Partido Revolucionario Dominicano.

«Levantemos la voz, unamos nuestros sueños y demandemos una nueva Constitución de la República que sea fruto de una Asamblea Constituyente por elección popular y  con amplia participación social. Esta nueva Constitución, que será el marco del gran proyecto de país para este siglo, debe ser el fruto del más amplio consenso entre los sectores políticos y sociales», indica la proclama leída en el acto.

Misión cuesta arriba

La misión que se ha impuesto el Foro Participativo es bien cuesta arriba si se tiene en cuenta la decisión del gobierno y su mayoría legislativa que alcanzaría los dos tercios de los votos necesarios para cualquier reforma constitucional contando con los senadores y diputados del Partido Reformista Social Cristiano.

Aunque los promotores de la Constituyente confían en ampliar el espectro de organizaciones que favorecen ese mecanismo, tropiezan con una «inexplicable ausencia y denso silencio» de muchas de las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas que en el pasado abogaban por una Constitución de amplia participación que diera origen a un «plan de nación» de cara al siglo 21.

El sociólogo Wilfredo Lozano expresaba esta semana su preocupación por el creciente abandono del discurso sobre concertación como base del desarrollo social, institucional y económico de la nación que durante las últimas dos décadas predominó en los más diversos ámbitos dominicanos, considerándolo como expresión de un retroceso en las aspiraciones democráticas.

Analistas sociales atribuyen esa indiferencia a la frustración que ha dejado el sistema político al desconocer el amplio paquete de reformas institucionales y legales aprobadas en las últimas dos décadas y a la regresiva y mezquina modificación constitucional del 2002. También se atribuye a que muchos dirigentes de todos los sectores, incluyendo los intelectuales, han sido cooptados por las políticas gubernamentales de reparto de empleos, contratos y privilegios.

El liderazgo político

En todos los sectores sociales se expresa inconformidad y hasta temores por las consecuencias de una Constitución que no sería el fruto de consenso ni siquiera en el mismo partido de gobierno, cuyos dirigentes y legisladores no han participado en su definición. Sólo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue informado por el presidente de las líneas generales de su proyecto, sin siquiera haberle entregado una copia antes de enviarlo al Congreso Nacional, pero forzándolo a darle su respaldo.

Dirigentes del PLD expresan en privado su desilusión con un proyecto que, afirman, es fruto en última instancia del propio presidente Fernández y dos asesores españoles contratados al efecto. Convienen en que, casi medio siglo después, es más atrasado y presidencialista que  la carta magna que auspició en 1963 el fundador del partido, el expresidente  Juan Bosch.

Si algo es asombroso es el fatalismo con que muchos aceptan el proceso que rompe con las promesas de concertación nacional, lo que a juicio de algunos está determinado por la pobreza del liderazgo político nacional, especialmente el de la oposición. Hay quienes ven al presidente Fernández como el único líder político.

Ya pocos cuentan con lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano víctima de la dispersión y en proceso de extinción, ratificando su vocación por la subordinación al gobierno de turno, cuyos dirigentes se disputan los rastros de un poder malversado.

Como mayoritario de oposición el Partido Revolucionario Dominicano luce incapaz de potenciar el 40 por ciento de los votos que obtuvo en las elecciones de mayo pasado. Aunque han reivindicado la Asamblea Constituyente, tras el oportunismo suicida del 2002, los dirigentes perredeistas están demasiado ocupados disputándose los principales mandos del partido ocho meses antes de su renovación y otros amarrando para las candidaturas del 2010 y hasta del 2012. –

Un poder usurpado

La proclama del Foro Participativo resalta que el proyecto de Constitución del gobierno ha dejado de lado todos los consensos de la última década que fueron unánimes en postular la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental. Señalan el Diálogo Nacional del 1997-98 auspiciado por el primer gobierno del presidente Fernández, y los anteproyectos consensuados por la Comisión para Reforma del Estado y la Comisión Especial del 2001 que integró a los partidos reconocidos, una veintena de organizaciones sociales y una decena de personalidades.

Recuerdan también el Pacto por la Reforma Constitucional suscrito en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios y los anteproyectos de Constitución elaborados tras amplias consultas por las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Henríquez Ureña. 

El director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, Cristóbal Rodríguez Gómez, resaltó que en esos consensos hay  diversidad en los contenidos pero una coincidencia absoluta en el mecanismo de la Asamblea Constituyente, imperante también en la última ola de reformas constitucionales del continente, comenzando por la de Colombia en 1991, e incluyendo las más recientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La proclama del Foro Participativo afirma que «el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno  dominicano reedita los mecanismos tradicionales de manipulación de la Constitución para acomodarla a su medida, como ya antes lo han hecho la mayoría de los gobernantes del país».

Agrega que «el poder constituido usurpa el poder constituyente», tras sostener que «la no existencia de un Poder Constituyente, que sintetice la diversidad cultural, social, económica, ambiental, geográfica, política, religiosa, etc. ha impedido la configuración de un sujeto político-social nacional, quedando relegadas las mayorías nacionales a una condición pasiva de objeto político».

El vocero del Foro Participativo, doctor Luis Gómez, quien fue miembro de la Comisión que redactó el anteproyecto que dio origen al proyecto sometido al Congreso, insistió en denunciar que esta terminó desechando unas 25 propuestas de consenso, seis de ellas fundamentales, y que a su vez el presidente Fernández  dejó de lado 32, lo que a su juicio constituyó una manipulación de la consulta popular que inició el proceso lein.