Una justa electoral que comenzó con notable retraso en diversos sitios de alta participación ciudadana -usualmente menor en convocatorias municipales- deja la lección de que todo salto informático en procesos como el de ayer debió estar precedido de un completo adiestramiento del personal actuante y de garantías de blindaje. Ha parecido que las autoridades electorales fueron superadas por los hechos. Fallaron los brazos tecnológicos que sostendrían desde horas antes la eficiencia de los equipos, generándose incertidumbres y protestas de ciudadanos que confiaban en que habría la fluidez que les permitiera volver a sus hogares prontamente después de expresar su voluntad. Denuncias de fallas tan graves como la no aparición de candidatos de oposición en las boletas asomaron desconcertantemente en los primeros momentos en desafío a la capacidad de corregir con rapidez los errores que han debido mostrar en todo momento los directores de la consulta. Ingredientes que terminaron por conducir a un inusitado pandemónium y a lo que vino después: una suspensión sin precedentes. Surgió Una infuncionalidad de la estructura concebida, y laboriosamente levantada para que la democracia funcionara y eso no ha ocurrido. Ahora están bajo interrogantes la capacidad de esas estructuras y de quienes las rigen; de los que se esperaba suficente efectividad para que millones de dominicanos ejercieran el voto.

De este súbito tropiezo debe salir el país conciliando posiciones para seguir adelante sin dejar de establecer responsabilidades que permitan formular bases más seguras para que la voluntad de los votantes sea expresada con libertad en las dos fases electorales siguientes. Lo que no se pudo hacer ayer debe ser posible en unos treinta días, lapso en que sería posible superar imperfecciones, descartando para lo inmediato lo que se ha confirmado como de alto riesgo: la automatización del voto. La reconocida calidad moral e independencia de altas representaciones del mundo académico y las iglesias haría factible que los entes partidarios, lanzados a la descalificación y la sospecha recíprocas después del colapso se acojan a una mediación con presencia de la Junta Central Electoral, brazo ejecutor imprescindible para lo que inmediatamente deba hacerse para despejar el camino y recuperar confianza. Procurar una salida prescindiendo de ella sería un error. Pasar rápidamente a culparla del todo sin revisión a fondo de lo ocurrido y desconociendo el crédito que ha venido mereciendo, complicaría la búsqueda de una solución.