La Cámara de Diputados acogió ayer las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal para despenalizar el aborto en algunas circunstancias en medio de críticas de varios legisladores que denunciaron violación a los procedimientos, así como de médicos y grupos feministas que entienden que lo aprobado no garantiza los derechos de la mujer ni la seguridad a los profesionales de la salud.

El Poder Ejecutivo había observado el código a fin de que se estableciera el aborto cuando en un embarazo peligrara la vida de la madre; fuera producto de violación o incesto; o la criatura tenga malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

Luego de cuatro horas de debates y la intervención de 29 legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, sometió un texto para modificar los artículos 107, 108,109 y 110 del CP.

El 110 establece que “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.

Además que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

Ahora, el artículo 107 reza de la siguiente manera: “Salvo lo previsto en el artículo 110, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con ese propósito, aun cuando esta lo consienta, será sancionado con dos o tres años de prisión menor”.

Se establece que la misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que a ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado.

“Si no se produce el aborto pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara física o síquica, el autor será sancionado con uno a dos años de prisión menor”

Sobre el artículo 108 se propone que “los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras, que, abusen de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con cuatro a diez años de prisión mayor”.

Mientras que el 109 dispone que “si los hechos incriminados en los artículos 107 y 108 de este código causan la muerte de la mujer, el culpable será sancionado con diez a veinte años de prisión mayor”.

La propuesta de Martínez, fue aprobada con 93 votos a favor, 66 en contra y 12 abstenciones.

Inconformes. Previo a que Martínez sometiera su propuesta, diputados insistieron en que se requería de las dos terceras partes para modificar el CP porque se trataba de una ley orgánica.

Además, que debía primero conocerse el rechazo o acogida de las observaciones y luego propuestas sobre los citados artículos.

De hecho, el viernes cuando se aplazó la sesión, la diputada Guadalupe Valdez presentó una propuesta alterna para recoger las intenciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Martínez solo sometió a votación su propuesta, lo que concitó protestas de Valdez, así como de los diputados de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y otros que rechazaban las observaciones.

Rogelio Genao y Vinicio Castillo afirmaron que el proyecto podría anularse en una instancia judicial y Ruddy González denunció que se violó la Constitución al hacer una sola votación, lo que es un mal mensaje para la sociedad.

Previo, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) votaría unificado para acoger los planteamientos del presidente Danilo Medina, para acogier la disciplina partidaria de apoyar “decisiones progresistas”. Sin embargo 16 legisladores de esa bancada votaron en contra y 75 a favor.

Al final de la sesión, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Pedro Sing, señaló que no quedó clara la intervención del médico para salvar el binomio madre-hijo.

Sergia Galván, de la Coalición por los Derechos de la Mujer, dijo que se violentó el sentir de despenalizar el aborto en las tres circunstancias, por lo que las observaciones no fueron acogidas.

Tras defender el procedimiento de aprobación, Demóstenes Martínez explicó que la ley pasa al Ejecutivo para su promulgación, pues como fueron acogidas las observaciones, no va al Senado.