El Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana puso en circulación la cuarta edición de la Guía del Inversionista, con la finalidad de contar con una herramienta práctica y actualizada que ayude a identificar los pasos necesarios y los servicios disponibles para tomar decisiones informadas sobre planes de inversión en la República Dominicana.
La Cámara entiende que la promoción de la inversión extranjera directa es indispensable para el desarrollo de la República Dominicana, por lo que las iniciativas públicas y privadas deben orientarse a facilitar el flujo de capitales hacia nuestro país. Son muchas y variadas las maneras de medir la competitividad de un país, y una de ellas reside en el examen de las disposiciones que fomentan o limitan la actividad empresarial y la inversión en un país.
Al hacer la presentación de la guía, Maria Esther Fernández, presidente del Comité Legal, destacó que esta cuarta edición de la Guía del Inversionista toma como eje central la reciente legislación de reestructuración y liquidación de negocios de la República Dominicana, denominada Ley No. 141-16 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. “Entrará en vigor en febrero de 2017, pero su gran importancia e imperiosa necesidad nos motiva a facilitar su entendimiento y a contribuir a su difusión”, dijo.
Según la abogada, este nuevo esfuerzo del Estado dominicano de mejorar las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la inversión privada en el país es, en parte, un logro alcanzado debido al esfuerzo de la Cámara y sus miembros, quienes durante años motivaron su aprobación por los órganos públicos correspondientes. “Esta edición ha sido realizada gracias a los aportes de dichos miembros, quienes nos permiten cumplir con nuestras metas”, enfatizó
La Guía del Inversionista de consta de 9 capítulos, dentro de los cuales hay 67 títulos, y cada uno fue elaborado y revisado por profesionales pertenecientes a firmas de abogados que componen el Comité Legal. Participaron también 15 profesionales independientes, en su gran mayoría abogados, aunque también se contó con la participación de economistas. La publicación no pretende sustituir la ayuda profesional de firmas asesoras.