La Cámara de Diputados aprobó ayer en única lectura y convirtió en ley el proyecto de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que contempla la creación del Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), organismo rector y operativo del transporte de carga y pasajeros, y elimina alrededor de ocho instituciones vinculadas al sector.
La iniciativa legislativa que llevaba varios años bajo estudio, será enviada ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Eliminadas. A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, quedarán eliminadas la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT); la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT); el Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART); la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público, y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet).
También fusiona a la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago (Ametrasan), para crear la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)
La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, ponderó el trabajo y la tenacidad del proponente, Tobías Crespo, para lograr dotar al país de una legislación moderna y acorde a la sociedad actual.
“Quiero felicitar también a la comisión y a sus integrantes que por tanto tiempo tuvieron a bien ponerse de acuerdo y poder producir y dejar un legado tan importante a la Nación, el cual nos permitirá llevar el mejor camino de modernización, de control y prevención y lo más importante, que son las vidas de los seres humanos”, precisó la titular del órgano. Los diputados acogieron, a unanimidad en una única lectura, las modificaciones hechas por el Senado.

Al agotar un turno en la sesión, Crespo dijo que esto fue posible luego de cinco años de estudio, durante los cuales se escucharon sectores vinculados al tema.
Con esta ley quedará derogada la Ley 241, que ya resulta obsoleta.

Sanciones. De acuerdo a la iniciativa, las multas a imponer a los conductores infractores se distribuirán: un 75 por ciento para la Procuraduría General de la República, y el 25 por ciento restante al Intrant.
Contempla sanciones que van desde un salario mínimo hasta 20, de acuerdo a la gravedad del caso.
De igual manera, la cancelación de la licencia a los conductores que provoquen accidentes lamentables de manera imprudente. Además enfatiza que los conductores del trasporte de pasajeros urbano e interurbano estarán sujetos a exigencias de calidad y no podrán abordar pasajeros que no estén en las paradas establecidas por las autoridades.

Se crea, además, un observatorio que fungirá como órgano consultor del Gobierno central y de los ayuntamientos para adecuar la aplicación de políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del Plan Estratégico Nacional, de los planes locales de la seguridad vial y los planes a desarrollar en las instituciones públicas y privadas, de cara a la prevención de los accidentes de tránsito.