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Los sistemas de instrucción pública no existen en un mundo de abstracciones. El medio que los rodea está llenó de fuerzas dinámicas que influyen directa o indirectamente sobre las tareas y operaciones de los mismos y, en última instancia, determinan su importancia, alcance y viabilidad.

La República Dominicana ha llevado a cabo una notable transición desde un prolongado periodo de treinta y uno años de dictadura a una democracia no del todo perfecta pero democracia al fin. Cualquier extranjero que hubiese conocido nuestro país en los tiempos oscuros de la tiranía trujillista y que nos visitara nueva vez se sorprendería ante los cambios que hoy se registran en la sociedad dominicana. Esos cambios han modificado el entorno operativo y ético de nuestro sistema de instrucción pública, colocándolo frente a nuevas oportunidades, desafíos y obligaciones.

El éxito del Pacto Nacional para la Reforma Educativa dependerá en gran medida de la predisposición del aparato burocrático del gobierno de turno a renunciar a unos que otros poderes que por años han venido ejerciendo. También, a la predisposición de las universidades y demás instituciones de educación superior a hacer un uso creativo y eficaz de su autonomía. En la época actual de cambios acelerados, esas Casas de altos estudios pueden realizar importantes aportaciones al avance y progreso de la sociedad, claro está, siempre que se les dote de los recursos y la libertad de acción necesaria, y que éstas sean lo suficientemente previsoras y flexibles para adaptarse a los grandes cambios que se están produciendo en torno a ellas. Por el contrario, si se ven excesivamente limitadas por la falta de recursos y por toda una serie de normas y regulaciones se encontrarán en el centro de una crisis cada vez mayor de desajustes con la cambiante sociedad que las rodea.

En el preámbulo de la obra “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente” Álvaro Marchesi, refiriéndose al tema de la formación docente, expresa lo siguiente: “Una buena formación inicial tiene un efecto positivo en la actividad profesional de los docentes, no cabe duda, pero también contribuye a ello la buena actuación de los equipos directivos o el tiempo disponibles por los profesores para trabajar en equipo. Los docentes trabajan en un contexto social y cultural determinado, y en unas condiciones educativas y laborales específicas”.

A todos nos preocupó el hecho de que de 36 mil 884 egresados de las facultades y escuelas de educación de más de una veintena de universidades del país que participaron en un concurso de oposición para ocupar plaza de profesores de escuelas públicas, tal y como lo establece la Ley de Educación 66-97, sólo 11 mil 479 de ellos, es decir el 31.1% haya aprobado el examen requerido, lo que, sin dudas, indica que en algo estamos fallando en materia de formación y capacitación docente. Para identificar el mal, y de paso partir de lo cierto, y no de lo aparente, debemos comenzar por analizar con detenimiento el instrumento de medición o examen usado en esa ocasión. Debemos responder a preguntas como estas: ¿Si aplicamos una vez más esa misma prueba a otro grupo de aspirantes a ocupar cargos docentes, obtendríamos los mismos o parecidos resultados? ¿Cuál es el grado de precisión de la prueba utilizada? ¿Hasta qué punto esa prueba (nos referimos a la utilizada en el Concurso de Oposición Docente del 2015) es capaz de pronosticar la capacidad y la eficiencia en el ejercicio docente? No debemos aventurarnos en dar un paso más, sin antes haber examinado a profundidad dicho instrumento de medición.

Agotado ese procedimiento, podemos y debemos acogernos a los planteamientos del rector del Instituto Tecnológico Dominicano (INTEC), ingeniero Rolando Guzmán, en el sentido de no permitirles a los aspirantes a ocupar puestos docentes en el sistema dominicano e instrucción pública “hasta que no superen las deficiencias que salen reflejadas en los concursos de oposición”.