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El Gobierno dejó claro ayer que está obligado a acoger la sentencia 256-14 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene competencia en los asuntos relativos a la República Dominicana.
En respuesta a la advertencia del jueves de la CIDH en el sentido de que el país no puede negarse a acatar los fallos de ese tribunal internacional, el canciller Andrés Navarro dijo que no hay que hacer el análisis de la decisión en términos legales, porque en la Constitución dominicana está clara la competencia de cada órgano del Estado.
“Ellos han hecho esa valoración y están en su derecho de emitir cualquier opinión sobre medidas legales o constitucionales que haya tomado algún órgano del Estado dominicano, pero la atención que va a centrar el Gobierno en este momento es sobre los pasos a seguir, tanto a nivel interno, como en la comunidad internacional”, advirtió.
