Los esfuerzos por ordenar el tránsito en el país  han sido infructuosos. Los gobiernos en los últimos 30 años han ejecutado proyectos con miras a resolver el caos en las principales calles y avenidas pero parece que todo ha fracasado.

Mientras tanto, aumentan los accidentes de tránsito,  las riñas entre choferes públicos y privados,  las chatarras ambulantes y las violentas carreras que desquiciados al volante ejecutan para  obtener el primer turno en la ruta, pese a jugar con la vida de  pasajeros.

Son típicas las escenas de agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte distraídos hablando por el celular, leyendo periódicos o   comiendo, mientras brabucones que conducen carros y  guaguas públicos, así como choferes privados, violan  las leyes de tránsito generando  largos taponamientos o provocando accidentes de tránsito.

De hecho, República Dominicana es el segundo país de los 182 pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes de tránsito por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 41.7 fallecimientos.

Ante la negligencia de quienes reciben un sueldo para ordenar el tránsito o pasando por encima de las autoridades,  en pleno “tapón”  los controles de rutas y los cobradores de guaguas se paran en la avenida o calle y dirigen el tránsito, con el claro fin de beneficiarse y salir pronto del embotellamiento.

Varias instituciones, un mismo fin.  En 1966 se creó la   Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) como entidad reguladora del tránsito. Sin embargo, desde ese intento se han  instituido varias  entidades con el mismo fin:  reorganizar el sector.

La última creación fue la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Público (Opret), creada bajo mandato de Leonel Fernández en el 2005.

 La Dirección  General de Tránsito Terrestre (DGTT),  la Oficina Técnica  de transporte Terrestre  (OTTT),  la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET),  la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA),   la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET),  los ayuntamientos,  la Oficina del Fondo de Desarrollo del Transporte, la Dirección Central de Seguridad Vial, una institución adscrita a la Policía,  y también el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) son las entidades  que tienen la función de “regular” el tránsito. Todas manejan  presupuesto pero  no se perciben sus ejecutorias.

   Planes para mejorar flotilla.  La cantidad de vehículos del transporte público destartalados  siempre ha sido un dolor de cabeza para  las autoridades dominicanas.

El presidente Joaquín Balaguer instauró en 1975  la Corporación de Transporte Colectivo de Santo Domingo,  que distribuyó 94 autobuses entre los sindicalistas, pero fracasó  por mala administración. 

En 1979 el presidente Antonio Guzmán crea la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (Onatrate) que en sus inicios contó con una flotilla de 715 autobuses, de los que 500 fueron adquiridos en Brasil a un costo de 15.5 millones de dólares.

 En 1987 el presidente Joaquín Balaguer adquiere 200 autobuses reciclados de los Estados Unidos a un costo estimado de 8 millones de dólares.

El presidente Leonel Fernández en su primer período gubernamental creó la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y con ella se estableció varios corredores y  como parte del plan disolvió a Onatrate y creó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) que nació con 300 unidades y llegó a tener 900 que en la actualidad son chatarras amontonadas.

En los últimos gobiernos de Fernández se construyeron la primera y segunda línea del Metro de Santo Domingo y persiste la diferencia entre la Opret y los sindicalistas del transporte por la designación de quiénes manejarán las rutas alimentadoras.