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Cualquier reforma del sistema de instrucción pública que aspire a verse coronada por el éxito requiere de una transformación de muchas de las pautas que rige la actuación del profesor en el aula. Apunta a un determinado perfil de maestro que difiere significativamente del docente tradicional. Como lo dijera el ministro de Educación del Uruguay, Luis Garibaldi, en su intervención en la ceremonia de clausura de la reunión Educación para Todos en América Latina y el Caribe recién celebrada en Lima, Perú: “el docente es la pieza clave para cualquier transformación que requiere de profesionalización y de una carrera atractiva”. La necesidad de formar y actualizar más profesores resulta patente, especialmente en aquellas disciplinas desatendidas y servidas por docentes no calificados, como la educación sexual, la educación física, la educación musical y plástica o las lenguas modernas. El lugar que estas y otras materias ocupan en un currículum renovado demanda de una formación del profesorado acorde con el papel que estas disciplinas están llamadas a cumplir.

El proyecto de reforma de la instrucción pública, consignado en el Pacto por la Educación propuesto por el gobierno del presidente Danilo Medina y suscrito por las principales autoridades del sector y por todo el liderazgo político nacional, está reñido con las actitudes de abandono y de rutina, razón por la cual el Ministerio de Educación se esfuerza en mantener en los profesores que laboran en las escuelas públicas altos niveles de motivación y competencia mediante una adecuada remuneración y reconocimiento social, así como a través de la oferta de programas de formación que aseguren su cualificación.

A mediados de la década de los años sesenta del pasado siglo 20, las universidades UASD, la PUCMM y UNPHU asumieron un rol destacado en la formación y capacitación continua de los profesores en servicio, teniendo sus facultades y departamentos de educación particulares responsabilidades en esa noble tarea. Para ello, esas instituciones de estudios superiores tomaron muy en cuenta las nuevas necesidades de un sistema de instrucción pública que debía ser reformado para adecuar a ellas los estudios universitarios de los futuros docentes. También, colaboraron con las autoridades en la formación permanente de los profesores en servicio. En la actualidad, otras universidades participan junto a las mencionadas en esas y otras actividades con miras a elevar la calidad de nuestro sistema de instrucción pública.

La formación permanente constituye un derecho y un deber de toda persona dedicada al noble oficio de enseñar, por lo que el Ministerio de Educación debe, como de hecho lo ha venido haciendo, favorecer la participación de los docentes en seminarios, talleres y programas de formación sin que signifique para ellos una sobrecarga horaria de trabajo o un sacrificio económico.

Cuestionamos el hecho de que cualquier filial de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralice la docencia en las escuelas públicas por entender que dicha acción, además de privar del pan de la enseñanza a miles de estudiantes, genera desconfianza entre los padres de familias preocupados por el porvenir de sus hijos. ¿Qué sentido tiene el llamado a un paro de docencia en reclamo de que las autoridades construyan en un lugar determinado una nueva edificación escolar o en demanda de la creación de cientos de plazas? Desafortunadamente, protestas como esas aquí ocurren con muchas frecuencias. ¿Es que no podemos ser más creativos a la hora de reclamar nuestros derechos?