MONTEVIDEO. Sobrepobladas, violentas y en ocasiones con escasez de los servicios más elementales: las prisiones de América Latina siguen estando en una situación desastrosa según asociaciones de derechos humanos, a pesar de que muchos de los actuales jefes de Estado han pasado por ellas.

En Brasil, cuya presidenta, Dilma Rousseff, estuvo encarcelada durante tres años (1970-1973), casi la mitad de los centros no tienen suficientes camas para todos los prisioneros, según la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que agrupa a los defensores del pueblo e instituciones de derechos humanos de la región. Recientemente, tras un motín en Carcavel (estado de Paraná, sur), dos presos fueron decapitados.

En la cárcel de Pedrinhas (noreste), que alberga 2.500 reclusos en 1.700 plazas, más de 60 presos murieron en 2013.

«Es una vida donde se lucha a muerte todos los días», cuenta a la AFP Mario Ibáñez, encarcelado en Santiago de Chile, donde numerosos detenidos hablan de celdas sin luz ni ventilación, describiendo la situación como «una jungla llena de animales salvajes».

Chile también está gobernado por una mujer de izquierda, Michelle Bachelet, torturada y detenida durante varias semanas en 1975. En este país, «hay una sensación de inseguridad de las personas, a veces alimentada por los medios de comunicación, que quieren prisión, prisión, prisión», indica Ana María Morales, responsable de la reinserción en la ONG Paz Ciudadana.

«No se trata solo de violencia entre detenidos, sino también de parte de funcionarios», añadió, denunciando el abuso de sanciones disciplinarias. «Cometimos un error, se está pagando, pero no somos monstruos», se justificó Darío, encarcelado por robo en Punta de Rieles, Uruguay.

Uruguay es otro ejemplo de país gobernado por un exdetenido, José Mujica – que pasó más de 13 años en las cárceles de la dictadura (1973-1985) – y regularmente puesto en la lista negra por las condiciones de vida carcelaria.

Para Mirtha Guianze, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, «hay una sensación de inseguridad en la población, a veces alimentada por los medios, y las personas quieren la cárcel, la cárcel, la cárcel» para castigar los delitos.

Guianze está preocupada por el proyecto de la oposición política de bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años. Se pregunta si estos adolescentes «irán a cárceles de adultos» para llenarlas aún más. «Esto lo hemos preguntado pero ninguno de ellos lo ha aclarado».

– Superpoblación y violencia – Estos tres países son los que más personas encarceladas tienen en América Latina (sin contar Cuba), con un índice de 281 detenidos por 100.000 habitantes en Uruguay, 274 en Brasil y 266 en Chile, según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS, en inglés).

La región está lejos del récord de la proporción de detenidos de Estados Unidos (716) pero sobrepasa ampliamente países como Francia (98) o España (417). «Entre el año 92 y la actualidad, todos los países de América Latina elevaron sus tasas de presos y presas sin excepción», explica Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), un organismo de la ONU con sede en Costa Rica.

«La mayoría duplicó las tasas, varios las triplicaron y algunos ya van en vías de cuadruplicarlas». Fenómeno mundial, esta alza fue mayor «en las regiones cuyos países tienen ingresos bajos y medios, como es el caso de América Latina», debido al aumento de la desigualdad social y la delincuencia y a una justicia más severa.

La sobrepoblación es alarmante. Según el ICPS, los países más afectados son El Salvador (320,3%, proporción entre el número de detenidos y capacidad), Venezuela, 270,1%) y Bolivia (256,9%), en contraposición a 99% en Estados Unidos, 118,3% en Francia y 88% en España. En Paraguay, la prisión cuenta con 4.000 detenidos para 1.200 plazas.

En Venezuela, hay casi tres veces más detenidos que plazas, lo que crea un clima de violencia extrema, hasta el punto de que en 15 años más de 16.000 detenidos fueron asesinados tras las rejas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

«En Venezuela, se puede juzgar a una persona estando en libertad, pero lamentablemente, en la actualidad, todas las personas por delitos menores quedan privadas de libertad» a la espera del proceso, lamenta Marianela Sánchez, coordinadora jurídica de la OVP. La mayoría (64,56%) de los presos están sin haber sido juzgados aún. «Esto lo que hace es agudizar más la sobrepoblación».