Carta al Editor de la revista británica The Economist

Federico Cuello Camilo

The Economist se equivocó al condenar en 1861 la guerra de emancipación del Presidente Lincoln, al poner en duda las perspectivas políticas de Margaret Thatcher en 1975 y al cuestionar el futuro de Apple después de la segunda venida de Steve Jobs. Por ello no me sorprende que con su artículo “Storm in Hispaniola” (Tormenta en la Hispaniola) esta revista se una a la campaña global contra las decisiones soberanas de la República Dominicana en temas de migración y nacionalidad.

A diferencia de Haití, la RD es un país multicultural y multirracial. Antes aún de nuestra primera independencia—de España—en 1821, fuimos los primeros en las Américas en recibir a los negros cimarrones que huían de la esclavitud francesa de StDomingue. Mucho antes que los EE UU, recibimos cientos de alemanes de ascendencia judía. Más recientemente, miles de haitianos curaron sus heridas en nuestros hospitales después del terremoto del 2010, recuperándose luego en cientos de hogares dominicanos.

Así como Tayllerand escribió que la traición era un tema de fechas, así son las atrocidades en la Hispaniola. A diferencia de Mandela, quien optó por la reconciliación para evitar la economía del cementerio, al independizarse de Francia, Haití decidió destruir la producción colonial, redistribuir la propiedad de la tierra en lotes pequeños, practicar la agricultura de tumba y quema y cortar 98% de sus árboles. Por ello no tienen ahora fincas de tamaño adecuado, ni tierras fértiles, ni árboles ni empleos rurales.

No es necesario mencionar lo que pasó con la población mulata o de raza blanca durante o después de su independencia; lo que aconteció con la población de la RD durante las muchas invasiones haitianas del siglo XIX, antes y después de nuestra segunda independencia—de Haití—en 1844. Tampoco es necesario mencionar que la RD nunca ha invadido Haití, ni antes, ni durante ni después de nuestra tercera independencia—otra vez de España—en 1865.

Tampoco es necesario referirse a los más de 30 mil haitianos asesinados más recientemente, durante el gobierno de “Papa Doc” Duvalier, cuya política de “negritud” resultó en la expulsión de la mayoría de los haitianos educados hacia países como Senegal, Canadá, Francia o los EE UU durante los años de 1950-60.

La inaceptable campaña internacional contra la RD pasa por alto que—excluyendo a Haití—la RD genera más empleos para los haitianos que todo el resto del Caribe. Esto es así pese a que Haití suscribió el Tratado Revisado de Chaguaramas en el 2003, en virtud del cual todos los miembros de CARICOM tienen derecho a la libre movilidad de personal calificado y profesional, así como a los trabajadores por contrato estacional o por proyecto.

La República Dominicana es un país apegado estrictamente al imperio de la ley, al respeto de los derechos humanos y al pleno cumplimiento de las obligaciones adquiridas en tratados internacionales. Es un país que cuenta con una acendrada tradición de acceso no discriminatorio a los servicios públicos.

Es en los hospitales dominicanos donde los haitianos traen al mundo a sus hijos—uno de cada cinco nacidos anualmente—dado el hecho de que la mayoría de los hospitales en Haití son privados. Cerca del 18% del presupuesto de salud cubre las necesidades haitianas en nuestros centros de salud.

Es en las escuelas dominicanas donde los haitianos educan a sus niños—dos de cada cinco niños en muchas de nuestras escuelas públicas—dado el hecho de que la mayoría de las escuelas haitianas son privadas. Miles de haitianos asisten a nuestras universidades, pagando las mismas tarifas que los dominicanos. 15 mil de ellos estudian con becas financiadas en su totalidad por el gobierno dominicano.

Es en la República Dominicana donde los haitianos ejercen la mayoría de sus derechos civiles, particularmente el acceso no discriminatorio que tienen en nuestros tribunales, dado el hecho de que muchos jueces todavía no han sido designados en Haití. Más aún, los haitianos confrontan desde hace tiempo serias dificultades para obtener sus actas de nacimiento, cédulas de identidad, carnets de votación o pasaportes, los cuales, una vez emitidos, tienen un costo conjunto que supera los US$500 en el país más pobre del Hemisferio Occidental. Es por estas dificultades que las elecciones en Haití las deciden 12% de la población en edad de votar.

En su decisión de acatar la Sentencia TC/0168/13, emitida el 23 de septiembre del 2013 por nuestro Tribunal Constitucional, el gobierno de la República Dominicana ha reiterado su pleno respeto a la Constitución, las leyes y la separación de poderes.

La Sentencia ordena implementar nuestras disposiciones legales en materia migratoria y de nacionalidad, vigentes desde 1929, complementadas por el Acuerdo Migratorio Bilateral de 1939 entre Haití y la RD, en el que se dispone que todos los descendientes de inmigrantes haitianos en la RD son haitianos, tal y como lo establece la propia constitución haitiana. Así, ningún descendiente de haitianos en la RD puede ser apátrida, a menos, claro, que su propio gobierno se rehúse a emitir los documentos que no ha suministrado a millones de haitianos en su propio país.

El Presidente Danilo Medina se ha comprometido personalmente y a toda su administración con la búsqueda de una respuesta humanitaria a la situación de los 24,392 descendientes de inmigrantes indocumentados con 117 diferentes orígenes nacionales, que han sido identificados por la Junta Central Electoral en condiciones de irregularidad en materia de nacionalidad.

Este número de personas representa menos del 0.3% de la población dominicana y menos del 3.5% del número total de inmigrantes que viven en la República Dominicana. Cabe destacar que sólo 13,672 personas identificadas en condición irregular son hijos de inmigrantes haitianos indocumentados. Ninguna de las demás 116 nacionalidades representadas en este proceso ha objetado siquiera mínimamente a la necesidad de regularizar su situación.

Tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea han reconocido nuestro derecho soberano a implementar nuestras políticas en materia migratoria y de nacionalización, expresando su esperanza de que cualquier problema que pudiera suscitarse pueda resolverse con calma, moderación y diálogo. El mismo Presidente haitiano Michel Martelly trató el tema públicamente por vez primera en Kingston el 14 de noviembre de 2013, reconociendo que era uno a ser resuelto por las autoridades dominicanas.

Al ejecutar la Sentencia TC/0168/13 de manera expedita, no se deportará ni a una sola persona de las que requieran regularizar su situación. Más bien al contrario, aquellos que carecen de documentación recibirán permisos migratorios temporales, iniciando así el camino hacia la obtención de una presencia legal en la República Dominicana.

Otros países caribeños podrán haberse alineado claramente con Haití. Deberían recordar, sin embargo, que varios estados miembros de CARICOM, particularmente Trinidad-Tobago, se benefician de un superávit comercial con la RD. Varios, incluyendo San Vicente y las Granadinas, han recibido también inversiones significativas en el azúcar, la cervecería y la metalurgia. Nuestra relación es claramente positiva para CARICOM por las mayores exportaciones, flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y creación de empleos, los cuales cobran una importancia crucial en estos tiempos de crisis económica regional.

La actitud de CARICOM denota el conocimiento insuficiente que tienen sus miembros de lo mucho que ha hecho y que hace la RD por Haití. Una región que no puede ejecutar sus propias disposiciones comunitarias en materia de libre movilidad laboral, que deporta a los haitianos indocumentados nada más llegar a sus países, o que se rehúsa a atender en sus hospitales a los nacionales de sus demás estados miembros, es una región que debiera hacerse una profunda mirada introspectiva en la búsqueda de respuestas para sus propias contradicciones, en vez de criticar a la RD, el único país que está generando oportunidades para todos, especialmente para Haití.

Respetuosamente,

Federico Alberto Cuello Camilo, PhD.

Embajador de la República Dominicana en Londres.