En las naciones en vía de desarrollo como la nuestra, el rol del Estado como ente orientador y promotor del desarrollo nacional juega un papel más incidente, así como también tiene metas, objetivos y propósitos más dinámicos e importantes que en el mundo desarrollado.

El sector público está obligado a intervenir en muchas áreas, donde el sector privado no ha podido hacerlo sea por falta de interés en iniciativas no productivas a corto plazo, sea porque se necesitan inversiones considerables que las empresas privadas no están en condiciones de financiar.

Es por ello que el proceso de crecimiento económico que la República Dominicana de abocarse para producir un real y eficaz desarrollo nacional, tiene que ser un proceso provocado y dirigido, en definitiva planificado por el Estado, por ser éste el único con poder y posibilidades reales para provocar, dirigir y planificar este proceso en forma acelerada. Con este propósito se necesita trabajar con entusiasmo en la organización de las instituciones y los grupos técnicos y administrativos que tiene la responsabilidad de planificar y programar las actividades de desarrollo en cada región.

En forma simultánea se debe desdoblar los esfuerzos para eliminar la desigual concentración de la producción de bienes y servicios en un solo polo, específicamente en la capital de la República, así como dar pasos acelerados para la transferencia de las actividades económicas y administrativas hacia las regiones, procurando una mayor justicia en la asignación de los recursos nacionales y la elevación del nivel de vida de todo el pueblo dominicano.

En otro orden, bien sabemos que la planificación ha sido en América Latina una técnica de difícil instrumentación e implementación; sin embargo, los preocupantes niveles de pobreza y debilidad institucional que obstaculizan nuestro desarrollo social, obligan recurrir a ella para transitar de la administración pública que resuelve los problemas en la medida que se van presentando, a la que procura prever el futuro sustentado en base al estudio del pasado y el presente, para así programar acciones racionales y sistemáticas que nos lleve a utilizar con eficiencia los recursos nacionales.

Por tan justificables razones, debemos estar plenamente convencidos que constituye un deber ineludible de los diferentes estamentos del Estado y las instituciones comprometidas con nuestro desarrollo, asumir la planificación como instrumento capital para la conquista del progreso social y el bienestar colectivo, a fin de acelerar el proceso económico y social que urgimos para erradicar los males que nos laceran, así como para lograr una correcta distribución de los beneficios del proceso de desarrollo, tal como se ha producido en las naciones desarrolladas.

Atentamente,

Ysócrates Andrés Peña Reyes